Paula Ruiz
Debido a la confusión entre el impuesto de bienes inmuebles y el territorial, los diputados dejaron en firme que las zonas francas no tendrán que pagarle a las municipalidades el tributo territorial.
Así lo decidieron este martes, tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 21.294. Con esto, se cierra el portillo para que los gobiernos locales cobren ese impuesto.
Luis Fernando Chacón, legislador proponente, manifestó que dicha exoneración prevista en el régimen especial, no se aplica de forma uniforme en todos los municipios y zonas francas.
“El Estado costarricense estableció el régimen especial de zona franca con el objetivo de incentivar la Inversión Extranjera Directa (IED), el empleo y el comercio internacional. Por ello es necesario que el sistema de incentivos fiscales funcione adecuadamente, como los previó el legislador”, declaró.
La interpretación auténtica fue criticada por José María Villalta del Frente Amplio con anterioridad, porque podría incurrir en que las empresas ubicadas en zonas francas, reclamen ante los municipios los dineros ya pagados por concepto de impuesto territorial.
Lo aprobado interpreta el artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas de la siguiente forma:
“Artículo 20.- Las empresas acogidas al régimen de zona franca gozarán de los siguientes incentivos, con las salvedades que a continuación se indican: (…)
d) Exención, por un período de diez años a partir de la iniciación de las operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles”.
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180 mil empleos
En la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se casaron con este proyecto, debido a las beneficios que ha traído al sector de zonas francas.
María Inés Solís, legisladora del PUSC, destacó que a través de las zonas francas se generan 180.000 empleos directos e indirectos.
Además los rojiazules resaltaron que encadena a 4.000 pequeñas y medianas empresas; y ha significado un crecimiento de 10% de trabajos fuera de la Gran Área Metropolitana en los últimos cinco años
Su compañero, Pedro Muñoz, sostuvo que se debe de proteger aquello que está funcionando, en vez de buscar un “castigo” mediante tributos.
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