Paulo Villalobos
La búsqueda de celulares que en apariencia se utilizaron para timar a transportistas, motivaron una intervención este viernes en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.
A la cárcel, conocida como La Reforma, ingresaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección del Ministerio Público.
El objetivo de la diligencia era hallar los aparatos electrónicos que, se cree, utilizaron dos hombres de apellidos Obando y Chaves, para cometer estafas.
Ambos descuentan penas por robo agravado y secuestro extorsivo, en el módulo E 4, según informó el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
Forma de operar
“Generalmente las víctimas son taxistas o son personas que trabajan en el área turística. Ellos (los delincuentes) no saben quién es el que va a caer.
“Ellos llaman a una central telefónica, los contactan con un taxista y la persona se hace pasar por un turista que está hospedado en el hotel X, que es de un muy buen nivel en Guanacaste, y le dice que sus maletas fueron perdidas. Pero que acaba de detectar que están en el aeropuerto, aunque hay que hacer un depósito para poder retirarlas.
OBSERVE MÁS: 2.000 celulares decomisados en cárceles en lo que va del año, dejan ver un negocio más profundo.
“Así los convencen de que hagan el depósito y, ¿qué les ofrecen? Pagarle el viaje hasta Guanacaste, que para la víctima es significativo, y además darle una propina. Entonces la persona hace el depósito, que no es una cifra muy alta, y cuando va a retirar las maletas se da cuenta que no existían y de que acaba de ser estafado”, explicó el jefe de la Policía Judicial, Walter Espinoza.
OBSERVE MÁS: Perjuicio por fraudes con llamadas superaría los ¢5.000 millones en 2019.
El director del Organismo enfatizó que, para estos casos, los estafadores no realizan estudios de las víctimas, por lo cual la operación acaba por ser una especie de pesca.
Esto a diferencia de otras 1.500 que se registraron durante lo que va del año en San José, que se prevé dejarán un perjuicio de ¢5.568 millones.
La diligencia se realizó con la colaboración de la Policía Penitenciaria.
Paulo Villalobos
