Allan Arroyo
Tras el fallo de la semana anterior, otros dos directivos, separados por el Gobierno, piden ser restituidos como miembros de la Junta en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Carlos Jesús Salazar Vargas presentó un recurso de amparo el viernes 30 de junio. Este lunes 3 de julio, ingresó otro de Maritza Jiménez Aguilar. Ambos eran representantes del Gobierno.
Ellos fueron parte del grupo de cinco directivos separados por el Poder Ejecutivo, a quienes se les abrió una investigación y se les impuso la medida cautelar de separación en diciembre pasado.
La administración Chaves Robles les atribuye haber aprobado el aumento salarial para los empleados de la CCSS, que entró a regir al cierre de 2022.
Salazar y Jiménez solicitan “la nulidad de la medida cautelar de suspensión con fundamento en las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional números 13, 29, 33, 34, 35”.
La intención es “extender los efectos jurídicos de las resoluciones dictadas por la Sala Constitucional”, informó la oficina de prensa de la Sala.
Piden que se “ordene su restitución inmediata en el cargo de miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social como representante del Gobierno y anular el nombramiento de quien le sustituyó”.
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Medida cautelar sin efecto
La semana anterior, la Sala resolvió los recursos de Martha Rodríguez, representante sindical, y José Luis Loría Chaves, del cooperativismo.
Se ordena su restitución como miembros de la Junta Directiva de la CCSS, así como el pago de costas por parte del Estado.
Asimismo, se anuló el nombramiento de José Luis Castro Vásquez y María Isabel Camareno Camareno, quienes fueron nombrados por el Consejo de Gobierno como sustitutos.
La mayoría de los magistrados considera que “la ley constitutiva de esa institución expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas”.
Se reafirma que pueden ser separados solo si “se declarare alguna responsabilidad legal en su contra o concurra alguno de los supuestos previstos para esos efectos, tal y como lo establece de forma expresa la ley, en consonancia con el principio de autonomía constitucional de la CCSS”.
Respuesta al Gobierno
La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, solicitó a la Sala Constitucional certificar la información que ha trascendido sobre la resolución que reinstalaría a varios directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La sentencia completa aún está en preparación y lo que ha trascendido fue un comunicado con la parte resolutiva.
No obstante, desde Zapote aseguran que no han tenido ningún tipo de comunicación oficial, por lo que pidieron al menos una certificación de esas decisiones.
La petición se hizo el viernes, mediante un oficio enviado desde el Ministerio de la Presidencia, y comunicado este lunes.
“Aún no tenemos notificación oficial de la Sala Constitucional y de ahí nuestra solicitud”, expuso la ministra Díaz.
Según la jerarca, con esos documentos podría convocarse a un Consejo de Gobierno especial donde se hagan las enmiendas.
“Una vez que contemos con la certificación, procederemos como en derecho corresponde para dar pleno cumplimiento a los votos”, sumó.
La oficina de prensa de la Sala confirmó que la respuesta fue enviada este lunes por la mañana a Casa Presidencial, con lo que ratifican el fallo.
“La parte dispositiva es muy clara respecto a la orden que da el tribunal”, reafirmaron en la respuesta oficial enviada a este medio.
Presidencia convocó a un Consejo de Gobierno extraordinario este lunes desde las 5:30 p.m. Se desconoce si en ese encuentro del gabinete se abordará el tema de la directiva de la CCSS.
La entidad sesionó el jueves con los directivos anteriores y decidió no hacerlo más hasta que se califique la situación jurídica.
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