Mariana Mena
Pese a que el fallo de la Sala IV ordenó la restitución de los miembros suspendidos de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no ha ocurrido.
Según informó el sindicato de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) la junta sesionó la mañana de este jueves.
“Sabemos que sesionaron esta mañana, al parecer están a la espera de que se notifique sobre el fallo, pero no se convoco”, señaló la oficina de prensa.
Los representantes del sindicato y las cooperativas son dos de los directivos que vuelven a la Junta Directiva. Se trata de Martha Rodríguez González, del sector sindical y José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas.
Durante el martes, la Sala Constitucional votó en contra de la medida del Gobierno, que suspendió a cinco directivos y la dejó sin efecto.
“El mandato de la Sala es restituir de inmediato y anular los nombramientos que había hecho el Gobierno, por tanto, si no nos convocan no pueden sesionar”, señaló Rodríguez a El Observador.
También explicó que se resolvió cuatro de cinco recursos de amparo, orientados al nombramiento de estos dos sectores. Pero al quedar en nula la acción, pueden volver dos personas más.
Se trata de Carlos Salazar Vargas, delegado del Gobierno y Maritza Jiménez Aguilar, agente del solidarismo. Mientras que, Jorge Hernández Castañeda, representante de los patronos, había presentado la renuncia.
Normalmente la junta directiva de la Caja sesiona los jueves, por lo que esperaban ser convocados.
Desde el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social se realizó un movimiento este jueves frente a las oficinas de la Caja para exigir el restablecimiento legítimo.
Marta Rodríguez, es la representante del sindicato que volverá a la Junta Directiva. (Cortesía).
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¿Qué implica la decisión de la Sala?
De acuerdo con Marvin Carvajal, abogado constitucional, al quedar nula la acción, se pueden restituir las cuatro personas.
“Con el voto, la Sala quiere decir que el acuerdo se opone a normas jurídicas vigentes y por lo tanto, no tiene efectos, ante esto las personas que fueron suspendidas y no cesadas, se reinstalan”, confirmó.
“Este es un fallo en el que la Sala Constitucional, hace valer la supremacía de la Constitución, varios principios y normas constitucionales alegados”, señaló Carvajal.
Algunos de esos principios vulnerados son:
- Debido proceso
- Adecuación de las actuaciones públicas a la legalidad
- Prohibición de la arbitrariedad
- Autonomía de la CCSS
“El acto del Consejo de Gobierno, la Sala lo analiza y entiende que se excedió en sus funciones, con lo cual la junta deja de tener la conformación provisional y tiene una nueva conformación”, sumó el abogado.
Según el fallo de la Sala se dispone:
“Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022”
Además, se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa.
Asimismo, queda por resolverse qué pasa con los acuerdos tomados por la Junta Directiva al sesionar con nombramientos “ilegales”.
“Nos sentimos complacidos con el voto de la Sala, porque de este proceso sale muy fortalecida nuestra democracia y el respeto a la institucionalidad”, celebró Lenin Hernández, del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae)
“El proceso no ha terminado, hay una serie de acuerdos tomados por la junta directiva interina, que atentan contra la imagen de la Caja y las finanzas”, señaló Hernández.
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Proceso de denuncia
Adicionalmente, estas personas fueron denunciadas ante la Fiscalía para que se investigue si hubo delitos en la decisión de decretar un aumento de salario para los 62.000 empleados de la CCSS.
Junto a los directivos, también se acusó al expresidente de la institución, Álvaro Ramos.
“Los estamos llevamos a la Fiscalía para que la Fiscalía haga una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pareciera que pudieron haber incurrido”, dijo el Rodrigo Chaves el 7 de diciembre.
Según indicó, se les abrirán órganos directores para aplicar sanciones administrativas.
“Las convocatorias se han retrasado, tenemos una el 16 de julio, espero que esto camine para llegar hasta las estancias que correspondan”, aclaró la representante del sindicato.
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