Hermes Solano
El Partido Acción Ciudadana (PAC) apelará la nueva sentencia establecida este jueves por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José en su contra. Así lo anunció el abogado de la agrupación, Erick Gatgens.
Minutos después de salir de la sala de juicios, Gatgens avisó que se apelará la sentencia que condena a la agrupación política al pago de ¢180 millones más intereses por 81 contratos de servicios especiales. Estos fueron simulados en la campaña electoral de 2010.
Inicialmente, la Procuraduría General de la República pidió la condena por 82 contratos, pero en la explicación de la resolución, los jueces determinaron que en uno de ellos no se comprobó el delito.
“Claramente vamos a impugnar la decisión. Me parece que como toda decisión de un Tribunal se respeta, pero no se comparte. Desde nuestra perspectiva había criterios y argumentos importantes para que los tomaran en cuenta”, dijo Gatgens.
El abogado considera que el Tribunal estaba atado de manos, porque en el juicio anterior no se había demostrado la simulación en esos contratos.
El 29 de julio se dará a conocer la sentencia completa de este juicio que arrancó el 1 de julio. A partir de ese momento, el PAC tendrá 30 días para apelar la sentencia debido a la complejidad del caso.
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Razones de la decisión
El juez Paul Fuentes, quien leyó el por tanto, explicó por qué se halló culpable al PAC.
El Tribunal consideró que con la presentación de esos contratos por servicios especiales que representaban bonos B de la deuda política “indujeron a error al Tribunal Supremo de Elecciones debido a que aprobó una suma de ¢516 millones con base en gastos ficticios”.
“Fue posible establecer que se trataba de la misma irregularidad en relación con los 179 contratos previamente sentenciados”, señalaron.
Tomaron como base las declaraciones de las 179 personas en el juicio anterior que declararon haber trabajado gratis para el partido y que no se les canceló el monto. Además, de que el PAC no entregó los bonos acreditados por el TSE.
“Todos estos aspectos, sumado a otros que se van a detallar en el documento de sentencia son los que permitieron acreditar la conducta irregular”, indicó el juez.
Satisfacción
Por su parte, el procurador penal, Rándall Aguirre, se mostró satisfecho por la decisión de los jueces, aunque sabe que el proceso continuará en el Tribunal de Apelaciones y posiblemente en Casación.
“Es una resolución que nos da la razón. El Tribunal Penal le da la razón al Estado en relación con que la afectación fue en extensión a casi la totalidad de los contratos”, dijo Aguirre.
En 2016 el Tribunal sentenció al PAC por 179 de los 263 contratos por servicios especiales que cobró como deuda política tras la campaña de 2010.
En esa oportunidad, los jueces determinaron que en los 81 contratos hoy condenados no se había cometido delito y por ello hubo apelación de la PGR.
Ese proceso que pasó por el Tribunal de Apelación, por Casación y que ordenó un juicio de reenvío que concluyó este jueves le dio la razón al Estado costarricense.
Hace 5 años se condenó al PAC a pagar ¢353 millones por esos 179 contratos, más ¢41 millones por las costas procesales e intereses. Hasta ahora el monto asciende a los ¢630 millones que serán pagados en 2,6 años.
El primer pago se realizará el 16 de agosto según el acuerdo alcanzado por las partes. Se trata de un desembolso por ¢200 millones.
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