Paula Ruiz
Las fracciones del Partido Liberal Progresista (PLP) y Progreso Social Democrático (PPSD) frenaron la votación en segundo debate del proyecto sobre Hidrógeno Verde previsto para la tarde de este lunes.
Esto, luego de presentar una consulta facultativa ante la Sala Constitucional este mismo día.
Las justificaciones de ambas fracciones tienen que ver con la ausencia de estudios de carácter técnico-científico, lo cual -según ellos- lo convierte en un vicio de constitucionalidad.
Adicionalmente, afirman que el proyecto lesiona el derecho de propiedad privada y el principio de intangibilidad del patrimonio privado “a la hora de poner a disposición de la producción de hidrógeno el sistema nacional de combustible, el cual contiene elementos privados”.
La fracción liberal, también argumenta que hay una violación al ambiente sano y ecológicamente equilibrado porque obliga a Setena a priorizar proyectos sobre hidrógeno verde.
“Es importante para nosotros que se presenten las consideraciones técnicas que este proyecto no posee y por esta razón, decidimos, junto con miembros de Progreso Social Democrático”, dijo Kattia Cambronero, subjefa de fracción del PLP.
“En este momento de altísima inestabilidad fiscal en la que nuestro país se encuentra, toda inversión debe ser bien justificada”, afirmó.
Por otra parte, Eli Feinzaig, líder de la bancada señaló que sus preocupaciones también tienen que ver con el “desvío” de recursos por parte de instituciones públicas hacia la generación de hidrógeno.
“El estado empresario ha demostrado ser un fracaso y este proyecto, hecho a la medida para beneficiar a unos pocos, no va a lograr la transformación energética que el país necesita, pero sí va a poner una pesada carga en los bolsillos de los costarricenses, a quienes nos tocará, mediante tarifas, financiar un negocio incierto”, declaró Feinzaig.
Hasta el momento, el liberal no ha dado los nombres de las personas que se verían beneficiadas con esta iniciativa, según él lo ha afirmado.
220 mil empleos
La bancada de la Unidad Social Cristiana es quien lidera este proyecto desde la Asamblea Legislativa.
De hecho, el exdiputado Erwen Masís es quien presentó esta iniciativa en el cuatrienio anterior donde tuvo su primer debate.
Los socialcristianos, defienden que el plan promueve entre 84.000 y 220.000 empleos sostenibles para el 2050.
La fracción defiende que este plan busca:
● Declarar de utilidad pública la actividad industrial de hidrógeno verde
● Fomentar la investigación y su desarrollo, con el objeto de ser un nuevo generador de empleo, apalancar la economía verde y generar encadenamientos productivos
● Beneficios fiscales para la atracción de inversiones, como la exoneración de tributos, la importación de maquinaria y equipo, tributos a las utilidades, impuestos, gravámenes y tasas contributivas a importaciones o compra local de equipo para su funcionamiento
● Crear herramientas financieras, como créditos en condiciones blandas
● Exención de tasas y cánones por parte de los gobiernos locales
“Aprobar esta ley es darle la oportunidad de generar nuevas divisas, a partir de la exportación de este nuevo vector energético, considerado además, como clave para la descarbonización de las grandes industrias”, dijo Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC.
“Además de generar más fuentes de empleo. Costa Rica no puede cerrar las puertas a una industria que está en un vertiginoso crecimiento ”, concluyó.
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