Gustavo Martinez
El Poder Ejecutivo valora la vía legislativa del proyecto de Ciudad Gobierno, tras el rechazo de la Contraloría General de la República (CGR) al recurso con apelación en subsidio.
Así lo expuso el presidente de la República, Rodrigo Chaves el pasado miércoles en conferencia de prensa.
“Dependiendo de lo que hagan los diputados en su comisión, vamos a presentar un proyecto de ley sobre Ciudad Gobierno, si es necesario, donde la Contraloría les va a pasar a los legisladores de alguna manera la responsabilidad de decidir si el pago 27.000 millones que sacan del bolsillo de los costarricenses, debe continuar”, expresó el mandatario en dicha conferencia.
Ante esto, algunos diputados manifestaron su disposición a recibir un proyecto viable, al tiempo que, recomiendan al Gobierno acatar las consideraciones del ente contralor.
Medidas alternas
La diputada de Liberación Nacional (PLN), Katherine Moreira afirma la relevancia del proyecto de Ciudad Gobierno, para garantizar un avance a nivel país.
También hace un llamado al Ejecutivo a escuchar las consideraciones de la Contraloría y que así busquen las alternativas que otorguen su viabilidad e inicio de las obras.
“Si es a través de un proyecto de ley, pues aquí en la Asamblea lo estudiaremos, analizaremos, con toda la responsabilidad como se ha hecho con cada uno de los empréstitos que recibimos cada año”, aseguró la liberación insta ante consulta de este medio.
“Considero que lo esencial es que el Gobierno no concluya en que es uno actor u otro el que tiene la culpa, lo que urge es tomar las medidas alternas necesarias”, agregó.
Pros y contras del proyecto
En la misma línea, la diputada socialcristiana Melina Ajoy aseguró que analizarían los pros y contra del proyecto sobre Ciudad Gobierno, de concretarse la convocatoria por parte del Ejecutivo.
“Si se hablara de un ahorro significativo, evidentemente, la fracción de la Unidad Social Cristiana va a tomar eso como un punto de partida muy importante”.
“Tenemos que esperar si este proyecto va a ingresar a la corriente legislativa, para poder analizarlo a fondo”, declaró la legisladora.
Licitación pública
Por su parte, la diputada del PLN, Rosaura Méndez llama a buscar soluciones legales y factibles al proceso que está llevando el Proyecto Ciudad Gobierno.
“Rechazo que se quiera usar a la Asamblea Legislativa para brincarse el proceso que establece la ley tal y como lo manifestó el señor Presidente”.
“La propuesta que establece el Gobierno es construirlo mediante la modalidad “Construir, Operar, Arrendar y Transferir”, donde se le otorgaría directamente al Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) la construcción del mismo, sin incurrir en el proceso ordinario de licitación pública”, señaló.
Méndez externa que el procedimiento ordinario que especifica la Contraloría podría ser más beneficioso, puesto que abriría un espacio de concurso para contemplar la mejor propuesta en términos de presupuesto, diseño y tiempo de construcción.
Diferencias
La negativa de la Contraloría se da con base en la interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Mientras el Ejecutivo defiende el proyecto tras “rigurosas figuras legales y financieras”.
Como mencionan los diputados, la administración pretendía usar la figura de arrendamiento bajo el modelo BOLT: “Build, Operate, Lease & Transfer”, es decir “Construir, Operar, Arrendar y Transferir”.
Ante lo cual, el despacho de la contralora, Marta Acosta, interpretó el artículo en cuestión bajo los siguientes argumentos:
- El arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Ahorro
El Poder Ejecutivo asegura que con Ciudad Gobierno se podrían ahorrar unos $17 millones anuales.
Esta obra tendría un costo de $450 millones y estaría a cargo del BCIE, como parte de un empréstito con el organismo internacional.
Desde el Gobierno se enfatiza en que el Estado paga anualmente $23 millones en alquileres, $16 millones por servicios públicos y unos $9,7 millones en operación y mantenimiento.
Este complejo de edificios albergaría a 11.000 funcionarios en una construcción de 200.000 metros cuadrados.
Este medio le consultó al Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan) sobre las previsiones del Gobierno para presentar el proyecto ante la corriente legislativa; sin embargo, se está a la espera de una respuesta de dicha cartera.
