Hermes Solano
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, junto a los jefes de fracción de las seis bancadas, se reunieron este jueves con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, la magistrada Patricia Solano y el fiscal General Carlo Díaz.
Es la segunda reunión que se da para tomar decisiones respecto al tema de seguridad en el país.
La idea era que los jefes de fracción tuvieran claridad respecto a los proyectos de ley que acordaron en una primera reunión, semanas atrás, los tres poderes de la República.
La prioridad es el proyecto del expediente 23.090 “Reforma Ley contra la delincuencia organizada, creación de la Jurisdicción Especializada en delincuencia organizada en Costa Rica y ley de fortalecimiento a la jurisdicción especializada”.
¿Por qué es vital esta iniciativa para combatir la inseguridad?
“Si este proyecto no se aprueba, los plazos de prisión preventiva van a ser los ordinarios ¿esto que significa? Que muchas de las investigaciones, al no ampliarse los plazos, van a dar al traste, en el sentido de que estas personas van a quedar muy pronto en libertad”, explicó el fiscal general.
Se busca que los diputados lleguen a un consenso y darle vía rápida al proyecto, ya que junio se convierte en mes clave por las prisiones preventivas.
Esto porque en ese momento se vencen plazos de medidas cautelares de jefes de bandas criminales, según les dijo el fiscal general a los diputados.
A favor
Algunos de los jefes de fracción están totalmente a favor de que se avance rápido con esta iniciativa de ley.
“Creo que hay que acelerar el paso con el 23.090. Dimos una discusión y hay amplio consenso de que hay que hacerlo avanzar con prontitud”, señaló Jonathan Acuña, del Frente Amplio.
“Todavía no hay nada definido, más que posibilidades qué se puede hacer”, añadió Daniela Rojas del PUSC.
La jefa socialcristiana es enfática en que están a favor de ese expediente y buscarán que se defina pronto el proceso.
“Vamos a analizar la vía para que avance rápidamente”, añadió.
El proyecto está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y actualmente tiene alrededor de 400 mociones, presentadas por los legisladores Danny Vargas y Carolina Delgado.
La verdiblanca se ha mostrado en contra, asegurando que de aprobarse se entraría en un tema de ilegalidad, dado que en 2019 se derogó el artículo 2 de la Ley contra el Crimen Organizado.
“Ya en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tenemos nueve diputados que representan todas las fracciones y todo el grupo está de acuerdo en promover y pasar esta ley en el Plenario mediante un procedimiento más rápido”, señaló Gloria Navas, presidenta de la Comisión.
Presupuesto
La magistrada presidenta de la Sala III, Patricia Solano, recordó que la Ley de Jurisdicción Especializada, cuando se creó, tenía un presupuesto de 44.500 millones de colones.
“En un inicio esta ley tenía un costo de 44.500 millones, inviable en el año 2017”, dijo la magistrada.
“Se propusieron reformas que fueron aceptadas y bajaba a un costo cercano a los 19.500 millones de colones”, añadió.
Ya se construyeron 5 salas de juicio que albergarán la Jurisdicción Especializada.
“Espero que antes de la mitad de este año podamos tener ya esta Jurisdicción para el bien del pueblo de Costa Rica”, finalizó Solano.
