Hermes Solano
La Asamblea Legislativa iba a votar el jueves, en primer debate, el segundo presupuesto extraordinario de 2024 que incluía los $700 millones del crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ese dinero se utilizará en el “Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura” afectada por los desastres naturales.
Son poco más de ¢360.000 millones de colones que se incorporarían al presupuesto de este año y que serán enviados al Fondo de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la atención de 503 proyectos.
Sin embargo, en medio de la discusión en el Plenario se dieron las declaraciones del exministro del MOPT, Luis Amador, sobre las responsabilidades en la adjudicación del contrato para la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber.
Esa obra fue incluida como parte de un decreto de emergencia por la supuesta afectación de la Tormenta Bonnie en 2022.
Ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil (DGAV) desestimaron, el 7 de agosto de 2023, esa relación y así se evidencia en un informe del cual El Observador tiene copia.
Los diputados comenzaron a hacer uso de la palabra y a utilizar su tiempo señalando las preocupaciones sobre la posibilidad de que esos $700 millones podrían ir a obras que no están en peligro inminente.
Esto impidió que se le diera primer debate.
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Cuestionamientos
“No quiero que haya chorizo con el dinero del pueblo”, dijo Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, señalando que no se puede pasar por alto lo ocurrido y más cuando el señalamiento se da con el ministro más popular de la administración Chaves Robles.
“No puedo pasar por alto que el propio presidente de la República echó a su ministro estrella haciendo señalamientos gravísimos respecto a una contratación que justamente se utiliza en obras sobre decretos de emergencia”, explicó.
Por su parte, el diputado del PLN, Francisco Nicolás, asegura que estarán vigilantes respecto a la plata de ese crédito, para que se use con los fines determinados.
“La preocupación que tenemos es que ante los indicios que se armó una fiesta con los $40 millones del Aeropuerto, que no puede suceder con un crédito de $700 millones”, dijo en principio.
“No vamos a permitir que armen un carnaval con ese dinero. Vamos a reforzar este crédito con mayores normas de control y fiscalización”, añadió.
Eli Feinzaig también se unió a las críticas contra el Gobierno.
“Estamos dándole al Gobierno los recursos del proyecto de riesgo inminente, declarados como emergencia y no como el Aeropuerto de Liberia, que al menos desde el 2017 había informes de que el estado de la pista era deplorable”, dijo.
“Habrá que remover ese árbol y ver qué cae de las ramas”, siguió.
No es de uso libre
El proyecto se dictaminó la semana pasada en la Comisión de Hacendarios; lo hizo de manera rápida para que se aprobara lo más pronto posible y se pueda ejecutar; sin embargo, ahora las cosas podrían cambiar.
Los $700 millones que se incorporarán al presupuesto no son de libre disposición, pues la utilización está limitada a la infraestructura afectada por desastres naturales.
Esto se definió a través de varios decretos ejecutivos:
- Declaratoria de emergencia nacional por las ondas tropicales 11 y 12 y la tormenta tropical Bonnie, en los cantones de Dota, Tarrazú, San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Upala, Turrialba, Sarapiquí, La Cruz, Garabito, Parrita y Quepos, así como los distritos de San Luis de Santo Domingo, Dulce Nombre de Vásquez de Coronado, Guápiles de Pococí y San Isidro de El Guarco.
- Declaratoria de emergencia por la influencia directa de la Zona de convergencia Intertropical, en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados.
- Emergencia por la influencia indirecta del Huracán Julia, en los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito, Osa y Pérez Zeledón.
- “Resolución Vinculante: Declaratoria de Peligro Inminente, puentes, sobre infraestructura pública en rutas nacionales infraestructura ferroviaria, centros educativos y viviendas” emitida por la Comisión Nacional de Emergencia.
