Hermes Solano
La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera rápida y unánime el segundo presupuesto extraordinario de 2024, que incluye los $700 millones aprobados del crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ese dinero se utilizará en el “Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura” afectada por los desastres naturales.
Son poco más de ¢360.000 millones de colones que se incorporan al presupuesto de este año y que serán enviados al Fondo de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la atención de 503 proyectos.
“Agilizamos la aprobación de los ¢360.822 millones para infraestructura porque sabemos que hay obras urgentes por atender, pero nos mantendremos vigilantes del buen uso que se le dé al crédito con el BCIE”, señaló Paulina Ramírez, presidenta del órgano legislativo.
La Comisión convocó en audiencia al Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta, discutieron el proyecto y, de inmediato, lo dictaminaron. Con eso, pasará al Plenario para su aprobación, lo que permitirá su rápida utilización en las obras por construir.
“Debo reconocer la actitud de mis compañeras y compañeros, siempre hay la mayor disposición de lograr acuerdos sin renunciar al control sobre los recursos públicos”, añadió Ramírez.
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Críticas a Chaves
Los diputados aprovecharon la discusión para responder las palabras del presidente Rodrigo Chaves, quien la semana pasada dijo que los diputados habían atrasado la aprobación del crédito y, por eso, no se había iniciado la construcción de las obras.
“Quisiera recordar que esta comisión ha trabajado arduamente en este proyecto, con las audiencias correspondientes, sesiones extraordinarias y ordinarias para cumplir con la agenda”, manifestó Ramírez.
“Todos han sido muy responsables; ninguno de los diputados de esta comisión ha retrasado el proyecto”, añadió.
“El mensaje al señor presidente de la Republica es que la Comisión de Hacendarios trabajo de forma responsable, seria y comprometida”, dijo por su parte Felipe García del PUSC.
Jonathan Acuña, del Frente Amplio, también enfatizó en que el trabajo de la Asamblea es fiscalizar que todo se haga de acuerdo a la normativa y que los dineros se vayan a otros destinos.
“Estamos cumpliendo con la propia obligación para verificar que los recursos se incluyan adecuadamente”.
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No de libre disposición
Los $700 millones que se incorporarán al presupuesto no son de libre disposición, pues la utilización está limitada a la infraestructura afectada por desastres naturales.
Esto se definió a través de varios decretos ejecutivos:
- Declaratoria de emergencia nacional por las ondas tropicales 11 y 12 y la tormenta tropical Bonnie, en los cantones de Dota, Tarrazú, San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Upala, Turrialba, Sarapiquí, La Cruz, Garabito, Parrita y Quepos, así como los distritos de San Luis de Santo Domingo, Dulce Nombre de Vásquez de Coronado, Guápiles de Pococí y San Isidro de El Guarco.
- Declaratoria de emergencia por la influencia directa de la Zona de convergencia Intertropical, en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados.
- Emergencia por la influencia indirecta del Huracán Julia, en los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito, Osa y Pérez Zeledón.
- “Resolución Vinculante: Declaratoria de Peligro Inminente, puentes, sobre infraestructura pública en rutas nacionales infraestructura ferroviaria, centros educativos y viviendas” emitida por la Comisión Nacional de Emergencia.
