Le pasa a muchas personas cuando salen de Costa Rica y llegan a otro país: encuentran la comida más barata, el hospedaje más barato, la ropa más barata… y así con la mayoría de gastos.

¿A qué se debe esto?

Aunque no es una pregunta fácil de responder, en términos muy resumidos podríamos estar frente al resultado de mezclar problemas de competencia, altas cargas sociales y un Estado con un alta penetración en el esquema productivo.

El resultado terminan siendo precios que superan no solo los de países vecinos sino también los de naciones más desarrolladas.

Para entender mejor el tema, Lead University convocó la semana anterior a voces expertas de la academia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mundo empresarial y los reguladores.

Todas estas voces mostraron el panorama en el que a los ticos les toca gastar el salario.

Estas son sus conclusiones:

1. No hay competencia

Una máxima de la economía es que a mayor oferta los precios deberían ser más competitivos y el cliente termina de beneficiarse.

Pero las trabas para generar un negocio en Costa Rica están llegando a nivel que termina cargándose dicha posibilidad.

“Eso lleva que vemos en Costa Rica que en muchos mercados hay pocas empresas que dominan el mercado”, resume el Alberto González, economista senior del Departamento de Economía de la ODCE.

Agrega que la evidencia es clara que a mayor competencia, mayor productividad. Con esa mejora, recalca, se podría dar una mejora en los salarios y también pensar en un mayor crecimiento para el mediano plazo.

“Costa Rica es relativamente ineficiente”, describe directamente el economista y empresario Bernal Jiménez.

En su lectura, él subraya trabas o monopolios tácitos en productos de que van del acero o el cemento al azúcar, pasando por varios alimentos. También enfoca al mecanismo de cambio de divisas que impacta los costos.

Todo ello suma para hacer un cóctel que explica también los altos costos en Costa Rica.

En este punto interviene la Comisionada de la Competencia (Coprocom), Viviana Blanco. Según detalla, el ente ha notado un patrón en el que es difícil la operación de nuevos actores.

“Existen actos de instituciones públicas que privilegian a los oferentes actuales en detrimento de los nuevos entrantes, sobre todo el licitaciones públicas.

“Inhiben la participación de empresas en productos o servicios que son cruciales para el desarrollo del país”, enfatizó.

2. “Papá Estado” goza de buena salud

Si bien la época de los TLC y la apertura demostraron el impacto cualitativo de abrir los monopolios estatales -casos de seguros y telecomunicaciones-, lo cierto es que las empresas públicas siguen con un alto rol de determinación dentro del esquema productivo.

Muchos bienes y servicios esenciales siguen pasando por sus manos: electricidad, servicios bancarios, combustibles.

A ello se suma además un modelo de empoderamiento que les ha garantizado el país y que también acarrea sus efectos.

“El alcance y el impacto de las empresas estatales es muy significativo en Costa Rica, sería el más alto de toda la OCDE”, destaca González.

De la mano de esa gran cantidad de instituciones viene también una planilla, cuyo peso recae en los costos país.

Más que la cantidad de burócratas, los expertos ponen el ojo en el nivel de salarios que se le pagan a los burócratas, así como los pluses que les otorgan.

“Las muy abusadas convenciones colectivas que se negocian desde sindicatos y asociaciones para encarecer todo”, detalla el presidente del Consejo Académico de la Universidad, Roberto Artavia.

A ello agrega el tema de las pensiones diferenciadas y el impacto que esto acarrea.

“Las excepciones que existían en el Magisterio, en el sistema judicial, en los bancos del Estado, en el ICE, en otras instituciones están encareciendo todos esos servicios básicos para el resto de la población”, advirtió.

3. Trámites

Si bien por años se ha hablado de la tramitología y la pandemia llegó a modernizar un poco un poco el ambiente, cumplir con los más diversos requisitos sigue siendo una de las principales trabas para una empresa.

El grupo es enfático al señalar el megaorganigrama en que se ha convertido el Estado en Costa Rica. Cada institución, ironizan, recurre a crear trámites que justifiquen su existencia.

“Esta enorme burocracia debe justificarse pidiendo algo. Todo el tiempo hay trámites, papeles”, explica Artavia.

La cuenta actual se acerca 237 entidades públicas, que suben a 320 al sumar las municipalidades.

Sobre estas últimas surge la complicación adicional de que cada una posee sus propias disposiciones en planes reguladores que también complican la funcionalidad.

“De lo que se trata es de establecer límites y restricciones a todo lo que es posible; muchas veces coacta la innovación de las empresas”, señaló.

“Para un empresario, independientemente de cuánto nos cobren por un trámite, lo que más cuesta es el retraso en ejecutar nuestras estrategias; en poder desplegar nuestras innovaciones”, fustigó.

“El Estado no es una institución sino muchas instituciones descoordinadas; cada uno pone sus propias reglas y los ciudadanos no tenemos más que cumplirlas”, apuntó por su parte Bernal Jiménez.

La vocera de Coprocom suma en esta área las falencias con que están naciendo las instituciones y sus normas.

“No solo tenemos mucha regulación y mucha de esa regulación está mal diseñada; sino que siguen emitiendo nuevas leyes nuevas regulaciones sin un análisis de impacto regulatorio”, expuso.

Ella agregó que la posibilidad de exigencias por parte de la burocracia forma parte también de los detonantes de complicación.

“Dentro de esas barreras legales tenemos nosotros permisos, licencias, concesiones. Está la incertidumbre sobre la obtención de permisos y autorizaciones”, explica.

4. Impuestos y cargas sociales inéditos en Costa Rica

Roberto Artavia expone en sus datos que la lista de impuestos que cobra el Ministerio de Hacienda asciende a 109.

A eso se suman otros requisitos similares como timbres, enteros y más cobros que terminan también repercutiendo. “Les hemos puesto un montón de diferentes nombres a una gran cantidad de impuestos adicionales”, detalla.

Aparejado a ello viene el sistema de Seguridad Social, hoy por hoy con alta dependencia de los salarios.

Mientras a cada trabajador se le rebaja un 10,67% de su salario, al patrón le toca aportar 26,67% de lo que paga a cada empleado.

La cifra ha sido reiteradamente puesta bajo la lupa y así lo recordó OCDE durante la exposición.

“Las cargas sociales que los empleadores pagan están muy por encima de la media de la OCDE. También muy por encima de lo que pagan países en la región”, dijo el representante.

Desde la óptica de la organización, ya se puede valorar nuevos equilibrios entre los que se cobra por impuestos y lo que va por cargas sociales.

Artavia retoma acá sus señalamientos, pues se reconoce que al tener un índice tan amplio de informalidad (el empleo informal es del 43%), a las empresas que sí cumplen con todos los requisitos les cae un recargo que impacta su sistema.

5. Pagar por un servicio insuficiente

A todos los factores anteriores se termina por sumar una ineficiencia general en muchas áreas, que termina por generar por generar costos adicionales a los ciudadanos.

Si bien entre cargas sociales e impuestos, supuestamente, se financian la salud, la educación o la seguridad, la calidad de estas tiene un claro detrimento.

Esto lleva a que si bien se hacen todos esos rebajos, las familias tienen que terminar tomando de su ingreso neto para pagar una clínica privada, una escuela privada o un guarda privado.

La infraestructura tampoco escapa a esa falencia y eso también encarece los precios.

El diagnóstico aquí alarma. Roberto Artavia explica que las falencias impactan la logística y entre los atrasos, el combustible o la necesidad de más personal se suman más cargas para el precio final de un producto o servicio.

A manera de ejemplo, él retomó investigaciones previas donde hallaron que la velocidad promedio de movimientos de furgones en Centroamérica son 16 km/h; pero para el Área Metropolitana en Costa Rica el indicador cae a 7 km/h.

“En Costa Rica se ha relegado la inversión pública, se ha puesto más prioridad en el gasto corriente y hay que ver de cara al futuro”, apuntó por su parte de la OCDE. “Ir mejorando la inversión en infraestructura ayudaría a reducir costos y tiempos y daría más competitividad a las empresas”, cerró.

Al respecto, Bernal Jiménez explica también que al ser un país tan pequeño, al recibir una inversión o atención desde el extranjero, es fácil que se disparen los costos.

Una última nota: Costa Rica a regular la competencia

Una de las soluciones que se ha planteado desde la institucionalidad para regular este tema es una vía de regulación. Para el caso local esta se materializó en la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), que en el papel tiene un rol y en la práctica otro.

La comisionada Viviana Blanco lo admite claramente. Explica que se recibe solo un tercio del presupuesto, que hay apenas 12 funcionarios en el órgano y que sus dictámenes no son vinculantes.

“La cantidad de investigaciones que se pueden abrir, la cantidad de estudios de mercado que se pueden hacer, se reducen en mucho por las posibilidades que tenemos”, acotó.

“Además, no vemos nosotros una opción de mejora porque ya nos dijeron que para el próximo año el presupuesto ordinario va a ser exactamente el mismo”, lamentó.

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Por Tomás Gómez