Gustavo Martinez
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, valora positivamente el avance de las 10 iniciativas de seguridad que definieron los tres Poderes de la República en las mesas de trabajo de enero pasado.
Esto pese a que, el pasado martes 20 de febrero, tres de los proyectos prioritarios fueran de conocimiento de los diputados, pero no alcanzaron a ser votados por la presentación de mociones de los legisladores mediante artículo 137 o de reiteración.
“Los proyectos van avanzando bien. Esperamos pronto sean leyes de la República para darle las herramientas al Poder Judicial en aras de atender la ola de criminalidad que nos afecta”, indicó la ministra Díaz ante la consulta de El Observador.
Los tres proyectos de la lista de prioridad que estaban listos para discutirse y ser sometidos a votación son:
- El expediente 22.834, que es una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta propuesta incorpora una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, cuando sean iguales o superiores a los $50.000.
- El proyecto 23.690: “Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones”.
- El expediente 23.575: “Ley que sanciona el delito de préstamo de dinero “gota a gota”, para penalizar a las personas que operan bajo esta modalidad de préstamos de dinero.
“En el caso de capitales emergentes este martes (pasado) se abrió el plazo para presentar mociones de reiteración. Sobre intervención en las telecomunicaciones y gota a gota, se presentaron las mociones que se trabajaron en conjunto con la Presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Fiscalía, OIJ, Ministerio de la Presidencia y el ICD”, amplió la Ministra de la Presidencia.
A comisión
Ahora los proyectos, incluidos los tres de carácter prioritarios, regresan a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para su modificación con base en los textos sustitutivos y mociones.
Un panorama muy similar ocurrió con los otros expedientes que estaban en la lista para la sesión.
Congreso no pudo votar cinco proyectos de seguridad por mociones mediante artículo 137 o de reiteración, el pasado lunes (Asamblea Legislativa).
Tampoco se pudieron votar otros dos proyectos de seguridad externos a la lista definida por los representantes del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
Uno era el 23.973: “Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas para fortalecer los recursos dirigidos al sector seguridad.
Esta iniciativa le dará el 75% de los recursos de los impuestos a personas jurídicas al Ministerio de Seguridad y se aumentaron los recursos para la policía judicial, pasando de un 5% a un 15%.
También se aumentó el porcentaje para el Ministerio de Justicia, que recibiría el 10% de los recursos.
Otro de los expedientes de seguridad que no fue sometido a votación es el 23.806: “Ley para fortalecer los Tribunales de Flagrancia para garantizar el enjuiciamiento oportuno de las personas imputadas”.
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Avances
Un escenario distinto se dio recientemente con uno de los proyectos de la lista de prioridad que ya fueron aprobados en el Congreso.
El más reciente es el expediente 23.746, que fortalece el registro judicial y amplía el plazo para borrar los antecedentes judiciales ya se aprobó en primer debate. La iniciativa se convirtió en ley de la República, en segundo y último debate, el pasado jueves.
También se encuentra en revisión el expediente 23.800, que reforma dos artículos de la Ley de opciones y naturalizaciones.
La iniciativa la presentó el diputado Danny Vargas con el apoyo del presidente legislativo Rodrigo Arias.
El expediente está en la Comisión de Jurídicos para ver mociones 137 antes de que vuelva al Plenario para su trámite en primer debate.
Mesas de trabajo de los tres Poderes de la república definieron 10 proyectos de seguridad prioritarios desde el 8 de enero (Asamblea Legislativa).
Desde Presidencia hacen un llamado a los legisladores para darle con prontitud las herramientas al Poder Judicial y, así, atender la criminalidad que aqueja al país.
“El llamado respetuoso a la Asamblea Legislativa para que los proyectos sean aprobados con prontitud, tal y como lo ha solicitado la Fiscalía”, expresó Díaz.
Sin claridad
Hay dos iniciativas más de las que no hay claridad respecto al trámite. Ambas, según el sistema legislativo, están en archivo, aunque eso no significa que estén archivados o desechados.
Se trata de los expedientes 24.095, referente al marco sancionatorio de los delitos cometidos con armas de fuego prohibidas. El objetivo es aumentar las penas de los delitos relacionados con esas armas ilegales.
El otro es el 24.096 “Ley para regular el beneficio del arresto domiciliario con brazalete electrónico”.
La Asamblea está a la espera de que se presenten los textos de otras tres iniciativas incluidas en la lista de prioridades, sobre todo la de prisión preventiva, pedida en primer lugar por el Poder Judicial.
