Tomás Gómez
“Me dirijo a Usted a efectos de interponer formal denuncia por los eventos acaecidos el día 25 de enero del 2024, después de mi comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público”.
Así arranca la carta en que la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, da su visión sobre el incidente que tuvo con la prensa en la Asamblea Legislativa la semana anterior.
“Ese día, una vez que salí del recinto de la Asamblea Legislativa donde se llevó a cabo dicha comparecencia, mientras me dirigía a la salida del edificio, fui abordada por un número indeterminado de periodistas quienes prácticamente se abalanzaron sobre mi persona, empujándome y obstruyendo mi salida, colocando mi integridad física en peligro”, sigue el texto dirigido a Rodrigo Arias, presidente del Congreso.
Apuntaba a que no es la primera vez que pasa por una situación similar.
A eso suma un señalamiento directo contra la diputada liberacionista Dinorah Barquero, a quien acusa de “incitar” la conducta de los comunicadores.
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Al respecto pidió una investigación y una revisión de protocolos.
Esquivel cerró con la advertencia de que podría no volver a Cuesta de Moras.
“Por lo señalado, solicito que se realice una investigación sobre lo denunciado, y que se analice si deben mejorarse los protocolos para la seguridad de los comparecientes. En tal sentido, si no se garantiza la protección de mi integridad física, deberé abstenerme de asistir a las futuras convocatorias de los diputados y diputadas, o bien, que por parte del directorio legislativo, se valore la posibilidad de realizar las comparecencias utilizando otras alternativas como la virtualidad”, suscribió.
Respuesta de la Asamblea
El elemento bajo la lupa en la situación con Marta Esquivel fue la presencia de agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Tal tema generó una investigación interna en el Congreso y sus resultados fueron presentados este jueves a los Jefes de Fracción.
“Nosotros aplicamos nuestros protocolos debidamente. Siempre se le dio, al igual que a cómo a cualquier compareciente, siempre se le dio acompañamiento de seguridad a la señora presidenta”, indicó la Directora Ejecutiva de la Asamblea, Karla Granados.
Ella defendió que las medidas permiten el ingreso de la escolta, siempre y cuando no lleven armas y así se verificó ese días.
“Está dentro de nuestros protocolos permitir el ingreso de agentes de seguridad privados o policiales de gobierno cuando así se requiera. Siempre haciéndoles la advertencia de que no pueden ingresar armados”, reiteró.
Según la interpretación, debe quedar claro que la presencia de agentes no suplante la seguridad de la Asamblea, por un tema de división de poderes.
Diputados divididos
Tras la intervención de la administración legislativa, legisladores de varios partidos mostraron su postura sobre los hechos.
Antonio Ortega, del Frente Amplio, cuestionó la validez del servicio dado a Esquivel. Según él, la normativa reserva la UEI para protección de miembros de los Supremos Poderes o gobernantes extranjeros, así como desactivación de explosivos, escenarios que no se concretarían con la jefa de la CCSS.
Sumó que más que seguridad era “amedrantamiento”
Pilar Cisneros, del oficialismo, defendió por su parte que no hubo golpes.
“El hecho de que los agentes estiren los brazos para que doña Marta pueda seguir caminando eso no es golpear a la prensa”, declaró.
Finalmente el liberacionista Oscar Izquierdo y la liberal Johana Obando defendieron el tema de la libertad de prensa.
Para cerrar, Rodrigo Arias, verificó que no se introdujeron armas pero sugirió que se verían oportunidades de mejora.
Desde Presidencia
En esta misma jornada el Ministerio de la Presidencia emitió un descargo por la presencia de los agentes de la UEI.
Alegan que el acompañamiento es legal y fue solicitado por Esquivel, además de que pueden darse más ayudas.
“El artículo 19 de la Ley General de Policía N°7410 indica que la UEI no solo se encarga de temas asociados al terrorismo y narcotráfico, sino de aspectos tales como desactivación de explosivos y protección de jerarcas”, dice el texto.
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También sostienen que hubo una revisión previa del caso que justifica la atención.
“La protección se da en función de un estudio técnico emitido en diciembre del 2022 por la UEI, el cual es de carácter confidencial, por tratarse de un tema de seguridad tal y como lo ha establecido la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, concluyeron.
