Tomás Gómez
El mandatario Carlos Alvarado no brindó una respuesta concisa sobre si renunciará a su inmunidad o dejará que la decisión la tomen los diputados. Esto para enfrentar el proceso penal que se le sigue por el caso de polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
“Según la propia Constitución, más allá de lo que yo quiera o no quiera hacer, depende de lo que determina la Constitución que hay que hacer”, señaló.
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Alvarado insistió en que los temas de fondo sobre su situación legal del tema UPAD lo seguirá viendo su defensa.
“Cualquier tema del fondo de esta materia lo manejarán mis abogados. Por una razón, yo estoy ocupado gobernando”, aseveró.
Además dijo que enfrentaría el proceso judicial según avance.
“Yo siempre estaré aquí para dar la cara como Presidente o como ciudadano frente a este tema o frente a otro tema. Nunca voy a rehuir mis responsabilidades o los cuestionamientos, mi conciencia está dichosamente muy tranquila”, concluyó.
Fiscalía pide levantar inmunidad
A casi dos años del estallido del escándalo de la UPAD, la Fiscalía pidió justo hace una semana despojar de inmunidad al presidente Alvarado.
Al mandatario se le endilgan los aparentes delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude de ley.
Por el cargo que ocupa Alvarado, el expediente se lleva de momento en la Fiscalía General y ante la Sala III.
En la misma causa se denunció al diputado del PAC y exministro de la Presidencia, Víctor Morales.
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Según dijeron en su momento los abogados del mandatario, Roger Guevara y Rodolfo Brenes, se enteraron de la acusación por la prensa.
Según ellos no era necesario allanar y calificaron la acusación de “precipitada” pues a su criterio aún falta ver pruebas; además de insistir en que según ellos no hubo delito.
El caso UPAD generó que por primera vez en la historia Casa Presidencial fuera allanada (Alonso Solano/El Observador)
UPAD: de investigadora a investigada
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
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El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
Estas incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el TSE y Sugef.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención en la Fiscalía en Casa Presidencial.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Victor Morales, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto.
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También se investiga a la jefa de despacho, Felly Salas; al asesor legal del decreto, Luis Salazar, y los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Ellos manejaban directamente el tema de datos.
La Asamblea Legislativa desarrolló en paralelo su propia investigación por el caso UPAD, donde se determinó que Casa Presidencial tuvo acceso a una amplia gama de datos de los costarricenses.
El presidente Carlos Alvarado tuvo que comparecer ante la Comisión Legislativa del caso UPAD en febrero anterior. (Cortesía Asamblea Legislativa)
