Tomás Gómez
Tras año y medio de regir, la reforma legal que impuso nuevos topes artificiales a las tasas de interés provocó ya la exclusión de 180.000 personas del sistema financiero formal.
La ley, que no hubiera podido materializarse sin el apoyo del Gobierno, no deja de generar críticas. Ahora, el propio presidente Carlos Alvarado, que lo selló con su firma, admite que desde un inicio había dudas y que la ley debería revisarse.
“Siempre fue una discusión si iba generar exclusión o no. Yo dije que avanzáramos con el proyecto porque en efecto, se le estaba cobrando a la gente que ya de por sí estaba excluida; se le estaba cobrando además el costo de estar incluida”, dijo.
“Si es algo que está generando algún grado de exclusión pues deber ser revisado, debe ser discutido”, agregó.
OBSERVE MÁS: “Tasa de usura” expulsó a 180.000 clientes de tarjetas de crédito, revela el Banco Central
Eso sí, Alvarado repartió responsabilidades pues según él fueron varias las fracciones que respaldaron el plan.
“Creo que eso es un tema además que debe estar sujeto a revisión nuevamente. Eso cuando se aprobó yo lo vi nunca como una norma pétrea, recuerden que contó con el apoyo mayoritario de los diputados”, agregó.
En octubre anterior, el Banco Central alertó que como consecuencia de la aprobación de este proyecto, 180.000 clientes de tarjetas de crédito fueron expulsados del sistema formal.
Proyecto con sello PAC
La redefinición de los topes a los intereses fue una iniciativa liderada por el diputado Welmer Ramos, que ahora es candidato presidencial del PAC. Junto a él estuvo el diputado liberacionista David Gourzong como impulsor del plan.
Desde que la reforma se analizaba en el Congreso, diversas voces técnicas y de control advirtieron posibles efectos adversos. Tal fue el caso del Banco Central, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef); así como la Asociación Bancaria Costarricense, entes que alertaron sobre la potencial exclusión que finalmente se consolidó.
OBSERVE MÁS: Figueres celebró aprobación de “tasa de usura”; ahora se contradice y dice que hay que revisar su impacto
Aunque en diversos momentos el presidente Alvarado intentó distanciarse del diputado Ramos, a lo largo del debate estuvo respaldando la iniciativa.
Todo esto ocurría mientras jerarcas del Poder Ejecutivo como el Presidente del Banco Central manifestaba sus reservas. También la Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, destacaba que habían oportunidades de mejora en el texto.
No obstante, las advertencias tanto locales como internacionales, el respaldo presidencial definitivo llegó el informe anual de labores en mayo del 2020.
“Para tener más disponibilidad de capital productivo, debemos reducir las comisiones relacionadas con el uso de los datafonos, revisar y normar los topes en las tasas de interés de tarjetas de crédito y de comercios”, señaló el mandatario entonces.
A falta de garantías y como consecuencia de un alto riesgo, muchos costarricenses quedaron sin acceso a crédito después de implementado el tope a los intereses. (Archivo/El Observador)
La propuesta terminó por ser aprobada en el Poder Legislativo y en junio de ese año recibió la firma de Alvarado, convirtiéndose así en ley.
Alvarado defendió entonces las supuestas bondades de la iniciativa
“Esta ley logra poner un coto a las altas tasas de interés para aliviar el bolsillo de los hogares costarricenses y aliviar el sobreendeudamiento que hay en el país. Este fue un compromiso de la campaña que me siento muy satisfecho de cumplir”, declaró.
Ley compromete a otros de sus defensores
Las consecuencias del tope a los intereses comenzaron comprometer a quienes antes los respaldaron.
Además del Poder Ejecutivo está en esa condición el candidato de Liberación Nacional, José María Figueres.
En abril del 2020, cuando la ley pasó por primer debate, el verdiblanco celebró la medida y felicitó a sus impulsores. Entonces dijo que había que “emprender la lucha para orientar el crédito hacia la producción y no el consumo” y que “la Sugef y los bancos deben sacudirse y liderar este esfuerzo”.
Una vez que se conoció el dato de los 180.000 expulsados, el PLN indicó mediante el aspirante a vicepresidente, Álvaro Ramírez, que es necesaria una revisión de la ley.
Welmer Ramos, por su parte, insiste en que la “tasa de usura” fue uno de sus logros como diputado y defendió los resultados asegurando que las tarjetas “hundían a estas personas y sus familias en un círculo de endeudamiento sin posibilidades de salir adelante”.
OBSERVE MÁS: VIDEO | Tasa de usura, ¿Por qué 180.000 clientes de tarjetas de crédito fueron expulsados del sistema?
Aunque semanas atrás El Observador consultó a amplia lista de candidatos presidenciales sus impresiones sobre el tema, solo respondieron Liberación Nacional -por medio del aspirante a vicepresidente-, Eliecer Feinzaig del Liberal Progresista y Lineth Saborío del PUSC.
“Es el producto de una ley mal diseñada, que se aprobó sin entender las consecuencias, a pesar de que múltiples personas lo dijimos”, manifestó Feinzaig.
“Pretendió limitar las tasas de interés con criterios arbitrarios para prohibir la emisión de tarjetas en términos y condiciones (tasas de interés) más allá de los parámetros que estableciera el BCCR., pretendiendo con ellos proteger a los tarjetahabientes, sin parar mientes en que, en realidad, estaban despojando a los usuarios de la posibilidad de financiarse en el mercado financiero formal”, dijo Saborío.
Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático; Fabricio Alvarado, de Nueva República; Rodolfo Piza, de Nuestro Pueblo y Rolando Araya, de Costa Rica Justa eludieron dar respuesta a la consulta.
Los diputados Welmer Ramos y David Gourzong son los diputados que impulsaron el tope de intereses (Paula Ruiz/El Observador)
Oleada de tarjetas canceladas
El dato de 180.000 personas expulsadas del crédito fue confirmado por Rodrigo Cubero, en la presentación del segundo Informe de Estabilidad Financiera. a finales de octubre.
Cubero destacó entonces una merma en los pagos con tarjeta, atribuida a la caída en la actividad económica; pero sobre todo a la polémica ley de intereses.
“Justamente es lo que siempre advertimos que iba a ser el efecto indeseado de esta ‘ley de usura’. Siempre advertimos que esa ley iba a genera exclusión financiera y lo que vimos es que, en efecto, cuando se aprobó la ley y entró en vigencia la regulación de tasas, los deudores que tenían condiciones de riesgo tal que solo se podían financiar con tasas que quedaban por encima del máximo autorizado por ley, simplemente se les cerraban las cuentas”, manifestó Cubero.
El tope a los intereses, conocido como “tasa de usura”, es un límite máximo de tasa de interés que se definió por un cambio a la Ley N° 7472. Se actualiza semestralmente.
En julio de 2020, cuando comenzó a regir, al menos 1,5 millones de tarjetas de crédito tenían una tasa de interés superior a dicho tope.
