Tomás Gómez
“No hemos empezado”. Esa fue la explicación de los participantes tras hora y media en la audiencia del Caso Cochinilla que se desarrolla este lunes.
La cita es para determinar qué pasará con las medidas cautelares actuales que tienen los imputados.
Decenas de personas estaban convocados para las 8:30 de la mañana pero la logística se ha visto entorpecida.
Aunque varios de los participantes están conectados vía virtual, la sala destinada a la cita se llenó y fue necesario buscar otro sitio en el II Circuito Judicial en Goicoechea.
De momento, se arrancó con la revisión de una solicitud de permiso de salida del país de uno de los imputados.
Posteriormente, la Fiscalía expondrá el pedido de qué hacer con las medidas cautelares vigentes. Extraoficialmente se indicó que se pedirían 6 meses de extensión.
Actualmente no quedan investigados privados de libertad. Por ello, las cautelares vigentes son en su mayoría impedimentos de salida del país, presentarse a firmar o no acercarse a testigos.
Cuando la Fiscalía termine, hablarán los abogados defensores y luego los jueces decidirán.
La audiencia está programada para durar varios días.
“Cochinilla” se rodea de dudas
El Caso Cochinilla se conoció el 14 de junio del 2021 con 57 allanamientos simultáneos. Estos abarcaron Casa Presidencial, instituciones públicas, empresas y casas particulares.
En él se investigaban supuestas dádivas a empleados públicos para la ejecución de obras públicas. Estas incluían desde comidas en restaurantes hasta salchichón para fiestas.
Inicialmente el OIJ hablaba de irregularidades por ¢78.000 millones pero al avanzar el caso se determinó que tal hipótesis no se sustentaba; sino que en vez de robo se trataría de mala gestión dentro de las instituciones públicas.
Más de 70 personas fueron indagadas en lo que va del proceso. De paso, se estrenó la ley que da responsabilidad a las personas jurídicas, por lo que también hay empresas bajo la lupa.
Además, Cochinilla tuvo un importante sustento en escuchas telefónicas mediante la Ley de Crimen Organizado. No obstante, se mantiene abierto el debate sobre si dicha norma se aplicó irregularmente, lo que hace tambalear gran parte de la base del caso.
Paso lento
La gran cantidad de investigados, la supuesta trama complicada y la propia normativa han mantenido el Caso Cochinilla en un lento proceso.
Solo la indagatoria de los primeros detenidos tardó casi dos semanas y luego pasaron meses con otros investigados.
De manera paralela se han ido dando las revisiones de medidas cautelares.
La última fue a finales de setiembre y ahora tocará el nuevo ciclo, en medio de cuestionamientos de los representantes legales
