Tomás Gómez
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), presentó una demanda contra el mandatario Carlos Alvarado y el exministro de la Presidencia Víctor Morales por las presuntas irregularidades en la creación de la UPAD.
El Estado se presentó en su condición de víctima, al considerar que el decreto de creación de la polémica oficina se dictó contrario a derecho y basado en hechos falsos.
Además, demandó a ambos políticos civilmente por el daño social ocasionado con estos hechos que se valoró en una suma total de veinte millones de colones (¢20.000.000). Adicionalmente, se les cobrarían los intereses y los costos del proceso legal.
Esta causa, por tratarse del Presidente y un diputado en ejercicio, se tramita con el Procedimiento Especial para Juzgar Miembros de los Supremos Poderes. Esto requiere, dentro del trámite a seguir, tener el aval de la Corte Suprema de Justicia.
Después del 8 de mayo, cuando Alvarado y Morales dejen sus puestos, el caso se llevará en tribunales ordinarios.
La Procuraduría se sumó a la acusación del Ministerio Público
La Fiscalía
El 3 de febrero anterior, casi dos años después del estallido del escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la Fiscalía pidió despojar de inmunidad al presidente Alvarado.
Al mandatario se le endilgan los aparentes delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude de ley.
Por el cargo que ocupa Alvarado, el expediente se lleva de momento en la Fiscalía General y ante la Sala III. En la misma causa aparece Víctor Morales Mora.
Los abogados de Alvarado, Roger Guevara y Rodolfo Brenes calificaron esa acusación de “precipitada” pues a su criterio aún falta ver pruebas, además de insistir en que según ellos no hubo delito.
Por el caso UPAD, el 28 de febrero del 2022 las autoridades judiciales allanaron Casa Presidencial.
UPAD: de investigadora a investigada
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
OBSERVE MÁS: A un año de histórico allanamiento: 10 momentos clave del caso UPAD
El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
Estas incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el TSE y Sugef.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención en la Fiscalía en Casa Presidencial.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Victor Morales, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto.
OBSERVE MÁS: Nueve funcionarios cercanos a Alvarado se “abstienen de declarar” por caso UPAD
También se investiga a la jefa de despacho, Felly Salas; al asesor legal del decreto, Luis Salazar, y los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Ellos manejaban directamente el tema de datos.
La Asamblea Legislativa desarrolló en paralelo su propia investigación por el caso UPAD, donde se determinó que Casa Presidencial tuvo acceso a una amplia gama de datos de los costarricenses.
