Christine Jenkins Tanzi
La revocatoria propuesta por el Poder Ejecutivo para suspender el aumento salarial del 2020 a los empleados públicos, que ascendería a un total de ¢23 mil millones, sería inviable según la Procuraduría General de la República (PGR).
La Procuraduría, el asesor legal del Estado, le sugirió al Ministerio de Hacienda que si desea suspender los aumentos salariales a los empleados públicos, corresponde derogar el decreto del 2018 que concedió el beneficio y no revocarlo por un tema de forma. Sin embargo, si bien el Poder Ejecutivo puede derogar el decreto, lo haría sin perjuicio de los derechos adquiridos por parte de los funcionarios públicos.
Este miércoles, Hacienda anunció que le solicitó a la Procuraduría una reconsideración formal del criterio. En un comunicado de prensa, alegó que la decisión de la Procuraduría obligaría al Gobierno a pagar ¢23.000 millones por el aumento salarial.
La Procuraduría emitió el dictamen C-202-2020 este 29 de mayo en respuesta a la consulta de Rodrigo Chaves, el exministro de Hacienda, sobre la posibilidad de usar la figura de la revocación. El objetivo es dejar sin efecto el decreto ejecutivo del 17 de diciembre de 2019, mediante el cual se autorizaba un aumento general al salario base de todas las categorías del sector público para el año 2020.
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El exministro Rodrigo Chaves hizo la consulta a la Procuraduría. (Asamblea Legislativa)
El decreto 42121-MTSS-H-MIDEPLAN autorizaba un aumento general de ¢7.500 al salario base de todas las categorías del sector público, e incrementos adicionales graduales que permitían que, en ciertos casos, el aumento salarial llegara hasta los ¢8.750. Este debió haberse hecho efectivo en la segunda quincena de febrero del 2020, con reconocimiento retroactivo al 1 de enero del 2020.
No obstante en marzo, el Poder Ejecutivo anunció que suspendería el aumento salarial para los empleados del Gobierno central, buscando con esa medida que la suma de dichos montos sea invertida en la atención de la emergencia por COVID-19. La consulta a la Procuraduría sería sobre la medida ya anunciada por el Gobierno.
“Se nos consulta si es posible utilizar la figura de la revocación para dejar sin efecto el decreto n.° 42121, el cual, como ya indicamos, es un acto administrativo de alcance general”, explicó el procurador Julio César Mesén.
“A juicio de esta Procuraduría, el problema que presenta utilizar la revocación para suprimir un decreto es que esa figura aplica para los actos administrativos concretos, no para los de alcance general, como lo es un decreto. Para dejar sin efecto disposiciones generales por razones de oportunidad y conveniencia, debe acudirse a la derogación”, agregó Mesén en el oficio.
“La derogación de un decreto (al igual que ocurriría con cualquier otra disposición general, como un reglamento o una ley) lo es sin perjuicio de los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la disposición derogada. De manera tal que aun cuando el acto derogatorio no lo indique así expresamente, la derogación debe entenderse sujeta al principio de irretroactividad derivado del artículo 34 de la Constitución Política”, finaliza la decisión.
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Hacienda insiste en suspensión
Al presentar la solicitud de reconsideración y aclaración del dictamen, el nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas, discutió que el aumento salarial 2020 no ha sido depositado a los funcionarios públicos, por lo que no se configura como una situación jurídica consolidada al no haber ingresado al patrimonio de los trabajadores.
“Nos parece que no es momento de pagar un aumento salarial”, argumentó Villegas.
A raíz del dictamen de la Procuraduría, el ministro de Hacienda activó la posibilidad de solicitar una reconsideración establecida en el artículo 3 inciso b) y artículo 6 Ley Procuraduría General de la República N° 6815.
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Christine Jenkins Tanzi
