Hermes Solano
Doña Gina Sibaja quiso hacer un trámite en el Sistema Integrado de Compras Públicas del Estado (Sicop); al ingresar para inscribirse le apareció error y días después la llamaron, dándole sus datos, para colaborarle con el trámite.
Ella llenó un formulario, guiada por el “agente” y mientras lo hacía, hackearon su cuenta y la estafaron con un monto millonario de una tarjeta de crédito que hoy sigue pagando a la entidad bancaria.
Esta mujer es una de las miles de víctimas de estafas bancarias que hay en el país y que está solicitando que se dé una regulación al tema desde la Asamblea Legislativa.
El diputado del PLN, Óscar Izquierdo presentó este martes un proyecto de ley que pretende que los bancos estén obligados a mejorar su seguridad y se hagan responsables de los casos que sucedan.
“Lo que buscamos es que los ciudadanos tengan una garantía de que su dinero está debidamente resguardado”, dijo el legislador, quien se hizo acompañar del Movimiento Ciudadano Gente estafada en bancos en Costa Rica.
La iniciativa no genera ningún elemento penal y tampoco obliga a las entidades bancarias a indemnizar a aquellas personas estafadas.
Según el diputado, los bancos obligan al ciudadano a presentar la documentación, le dicen que tiene que ir al OIJ y presentar otros requisitos, demostrar que el dinero estaba en el banco.
“Lo que se requiere en este caso es que el banco se empeñe en buscar los mecanismos tecnológicos para proteger a la ciudadanía. La inversión debe ser alta, pero es algo que deben hacer”, explicó.
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(Hermes Solano/El Observador)
Más de 12.000 denuncias
El proyecto se tramitará bajo el expediente 23.908 y para las víctimas es necesario que avance lo más rápido posible en el Congreso.
Así lo pidió doña Carmen Rojas, del Movimiento de gente estafada por bancos.
“Es esencial que se apruebe lo antes posible, ante la ausencia de normativa que defienda a las personas de ciber delitos”, dijo la mujer.
Ella dio datos que indican que desde el 2021 y hasta la actualidad las denuncias por estafa han llegado a 12.000 y el perjuicio económico supera los ¢4.300 millones de colones.
Rojas indica que hay muchas personas que no denuncian, por lo que pueden ser muchos más casos y más dinero estafado.
Afirma que ser víctima de estafa representa no solo el golpe de perder dinero, sino también que los enfrenta a un proceso “tortuoso, humillante e inefectivo” para tratar de recuperarlo ante los bancos.
