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Registro de deudas permitiría luchar contra exceso de préstamos de ticos

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La lucha contra el sobreendeudamiento de los costarricenses podría comenzar por el registro, en una sola plataforma, de todos los préstamos que tienen las personas, no importando si se trata de un banco o una tienda de línea blanca.

De esta manera, cualquier futuro acreedor podría conocer con certeza el verdadero nivel de endeudamiento de su cliente y con esto minimizar el riesgo de prestar recursos a alguien que después no podrá hacer frente al compromiso financiero.

El sobreendeudamiento es una situación en la que se encuentra un deudor cuando su capacidad de pago no es suficiente para cubrir el pago de todo lo que debe.

Esta idea está contenida en el proyecto de “Ley para la defensa del consumidor de productos y servicios financieros” (expediente 21.213), el cual es impulsado por la diputada socialcristiana María Inés Solís, junto a legisladores de otras bancadas.

El proyecto pretende llevar los registros de todos los créditos al Centro de Información Crediticia (CIC) que administra la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Esto incluiría bancos, financieras, cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, ventas de vehículos y tiendas de línea blanca, entre otros.

Así las cosas, el acreedor o prestamista tendrá la posibilidad de ver “todo el bosque”, en lugar de “solo un árbol”. En la actualidad el CIC solo consolida la información de la situación crediticia de los deudores de las entidades reguladas del Sistema Financiero Nacional.

La iniciativa de Solís también impone sanciones a los prestamistas que pongan en riesgo a sus clientes al otorgarles una operación crediticia que no pueden pagar.

“La entidad que esté prestando sobre el nivel de endeudamiento de una persona tendrá una multa”, dijo la legisladora. 

Este proyecto es una alternativa al proyecto presentado por el legislador oficialista Welmer Ramos y el liberacionista David Gourzong (expediente 20.861) que crea un tope máximo a las tasas de interés -conocido en otros países como “tasa de usura”- y que cuenta con el beneplácito del Poder Ejecutivo, pero la oposición de varios sectores.

En opinión de la diputada socialcristiana, un límite a las tasas de interés podría tener más perjuicios que beneficios. 

“Es una causa noble la de los diputados (Ramos y Gourzong), pero no es la adecuada. En lugar de beneficiar al consumidor, lo perjudican. La experiencia internacional demuestra que con un tope a las tasas aumenta la informalidad. La gente va a seguir buscando los préstamos y van a recurrir a lugares informales”, comentó.

Autoridades al tanto del sobreendeudamiento

En una audiencia frente a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, manifestó estar al corriente de los problemas que enfrentan algunas familias del país por contraer más deudas de las que pueden honrar.  

“Tenemos un verdadero problema de sobreendeudamiento en algunos de los hogares nacionales. Si bien es cierto, el país ha logrado un alto nivel de bancarización y de inclusión financiera (…) hemos visto en los últimos años como el nivel de endeudamiento de algunos hogares ha venido creciendo, a tal punto que en algunos sectores se ha notado ya estadísticas realmente preocupantes”, explicó a los legisladores, el 22 de enero anterior.

En aquella ocasión, Cubero dijo que el Banco Central no descartaba del todo la aplicación de una tasa de usura, pero anticipó los riesgos que se corren si se aplica un mal cálculo. 

“…esto lo señala la evidencia internacional muy claramente; según sea el nivel a que se fijen estos topes a las tasas de interés, podrían resultar en exclusión financiera; es decir, podrían resultar en algo que es contrario al espíritu de lo que se quiera hacer con este proyecto, que es precisamente proteger a los hogares y especialmente a los de menos ingresos”, dijo.

Como ejemplo, citó que los préstamos pequeños -el típico caso de los hogares de bajos ingresos- tienden a ser más costosos para los prestamistas y de ahí que incurran tasas de interés más altas. “Esto no es una anomalía, es algo normal”, planteó al referirse a los riesgos de imponer topes a las tasas sin considerar todas las variables alrededor de un prestamo.

Riesgos y beneficios

Ambos proyectos, el 20.861 y el 21.231, también han sido analizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entidad que ha valorado los alcances de dichas propuestas.

Sobre el proyecto de los diputados Ramos y Gourzong, el superintendente Bernardo Alfaro, expresó algunas reservas.

“La iniciativa de poner topes máximos a las tasas ha generado inconvenientes en algunos países, por producir exclusión financiera. Depende mucho del nivel de esos topes. Podría suceder que el tope impuesto se encuentre por encima de los actuales niveles de tasas activas, con lo cual de momento no tendría un impacto en el sector financiero supervisado. Habría que ver además si ese tope se actualiza mediante algún mecanismo que considere la coyuntura particular de la economía en el tiempo”, comentó el jerarca de Sugef.

En cambio, mostró una mejor recepción a la propuesta de unificar todos los registros de los créditos en el CIC.

“El (proyecto) de incluir los datos de créditos de las entidades no reguladas siempre lo hemos visto favorablemente. Enriquecería la base de datos y le permitiría a las entidades conceder créditos con mejor información sobre el nivel de endeudamiento de las familias costarricenses. Plantea el reto de adecuar los sistemas de esas empresas para que remitan los datos bajos ciertos formatos y acomodos”, señaló ante la pregunta de El Observador.

Alfaro reconoció que en la práctica internacional es cada vez más frecuente que se le asigne a los supervisores bancarios un papel importante en el tema de protección de los consumidores. 

“En nuestro país aún no se cuenta con esas facultades. Lo que hacemos es recomendar niveles máximos de deuda y de cuota para que los supervisados los consideren al aprobar los créditos”, manifestó.

El Proyecto del 20.861 se encuentra en la Comisión de Hacendarios desde el 7 de agosto pasado, mientras el 21.213 aún no obtiene ese estatus.  


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