Tomás Gómez
Casi medio año después de aprobado, el Fondo de Avales aprobado para ayudar a empresas afectadas por la pandemia aún espera el reglamento clave que permitiría su implementación.
La iniciativa cuenta con $290 millones obtenidos vía crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
No obstante, desde la campaña el presidente Rodrigo Chaves había adelantado sus críticas al mecanismo. Según ha reiterado, la normativa no debería funcionar a favor de los bancos, un tema que según agregó están revisando.
“Si el reglamento no cierra el portillo vamos a tener que revisar eso de una manera muy cercana. Mientras yo sea presidente creo que sería una irresponsabilidad regalar plata del pueblo a bancos”, sostuvo.
Siendo así, alegó entonces una hoja de ruta que podría seguirse:
- Se comenzará con la revisión del reglamento para determinar si se pueden bloquear los puntos que preocupan al Gobierno.
- Si no, se presentaría un borrador de reforma al Congreso. “Estamos estudiando si a través de la reglamentación podemos cerrar esos portillos, sino actuaremos obviamente con la Asamblea Legislativa para llegar a exponer los problemas que no se pueden corregir”, afirmó Chaves.
- La otra opción sería una eventual renegociación del acuerdo con el BCIE.
Las reglas del Fondo de Avales
El plan para contar con un fondo de avales se movió desde la llegada del covid-19. Sin embargo, no fue hasta finales del año pasado que por fin se concretó.
A mediados de noviembre el proyecto finalizó su pulido previo, en que el que se incluyeron regulaciones específicas para acceder a él.
Entre ellas están la obligatoriedad de que la empresa beneficiada presente un informe anual sobre la situación de empleabilidad.
Esto deberá cumplirlo durante el tiempo que mantenga vigente el aval. Otro de los puntos establece que la gestión, administración, ejecución y control del Fondo Nacional de Avales, no podrá superar el 0,25% anual del Patrimonio total del Fondo.
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Por otra parte, se fijó un período de 15 años de vigencia del Fondo Nacional de Avales.
De esta manera, el plazo máximo del aval a estos créditos no podrá exceder el plazo de vigencia del Fondo.
Si los beneficiarios del fondo vulneran datos, se les aplicarán las sanciones establecidas en la Ley 8968.
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Así mismo, se sancionará conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública contra los beneficiarios que entreguen información falsa sobre la empleabilidad.
De manera reiterada se había mencionado que el principal destino de los recurso deberían ser las micro, pequeñas y medianas empresas.
La ley del Fondo de Avales se votó a finales de diciembre y en enero recibió la firma del expresidente Carlos Alvarado para entrar en vigencia. (Cortesía Casa Presidencial)
