La Sala Constitucional admitió el viernes para su estudio el expediente 23-20309, el cual se trata de un recurso de Amparo contra el Banco Central de Costa Rica por solicitar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) los datos integrales de los deudores, incluidas las cédulas de personas físicas y jurídicas.
El recurrente alega que la entrega de información crediticia a funcionarios públicos no autorizados puede acarrear peligrosas consecuenciasde seguridad personal y violar la privacidad con relación a los asuntos personales.
En el amparo se asegura que con esta acción el Banco Central violó el artículo 24 de la Constitución Política, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948; el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y por conexión, los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000.
Además, argumenta que el Banco Central de Costa Rica no puede pedir a la Sugef ninguna información personalizada que permita vincular datos de las entidades reguladas con las personas físicas o jurídicas a las que esos datos pertenecen, así como que se le ordene al Banco Central de Costa Rica abstenerse, en el futuro, de pretender obtener esa misma información.
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Este recurso de Amparo se suma a una denuncia que fue presentada ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu).
Dicha asociación considera que la petición de datos integrales sobre deudores es ilegal y violenta el derecho a la autodeterminación informativa de las personas y pide que la información crediticia que se entregue para fines estadísticos no esté ligada a identificaciones.
Ambos hechos se dan luego de que el pasado 17 de agosto, la superintendente Rocío Aguilar, informara sobre la notificación de una denuncia penal en su contra por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por Hazel Valverde, gerente del Banco Central.
El motivo fue la negativa de la Sugef de entregar datos que considera confidenciales.
Dicha exigencia de información pormenorizada ha sido fuertemente cuestionada por el sector empresarial y financieros, que la consideran improcedente.
Diputados y representantes de los partidos Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, han comparado el actuar del Banco Central con la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada durante el gobierno de Carlos Alvarado, que también solicitaba a la instituciones públicas datos considerados confidenciales para supuestos fines estadísticos.
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