Juan Pablo Arias
La exigencia del Banco Central de datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, provocó la inmediata reacción en contra del sector financiero, que acuerpa la posición de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de resguardar la confidencialidad de la información.
Sumado ello, los representantes de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras (CBIF) también expresaron su disconformidad por una nueva solicitud de datos de parte del Banco Central, específicamente sobre la compra y venta de divisas en las entidades financieras.
“Recientemente, mediante una modificación del Reglamento del Sistema de Pagos, también está exigiendo a las entidades financieras que le entreguen la información de las transacciones cambiarias que realizan los clientes; incluyendo nombre, número de cédula y montos de todas las personas físicas y jurídicas que compran divisas sin justificar el propósito de esa solicitud ni la base legal que la respalda”, indicó la ABC en un comunicado.
La agrupación indicó que, en reuniones sostenidas con el presidente y la gerente general del BCCR, ya se ha advertido que tal solicitud es ilegal y que si el Banco Central requiere información para efectos estadísticos o de análisis técnico, las entidades pueden entregar información que sirva para esos propósitos, pero sin vincular a una identificación, de manera que se resguarde el secreto bancario, la confidencialidad de la información y la seguridad de las personas y respetando la Constitución Política.
“Es necesario que la solicitud de información de parte de las reguladores y supervisores de los clientes de las instituciones bancarias y financieras, se delimite dentro de las facultades que el ordenamiento jurídico costarricense establece en resguardo de la privacidad y protección de la intimidad de los clientes y ciudadanos”, señaló la CBIF en su misiva.
“Seria y profunda preocupación”
Ambas agrupaciones del sector financiero expresaron que los requerimientos y las vías legales que acciona el Banco Central para obtener datos les generan “una seria y profunda preocupación”. En criterio de estas organizaciones, lo procedente utilizar otras vías del ordenamiento jurídico para aclarar cualquier diferencia de criterio o resolver conflictos de competencia entre entes de la administración pública.
“Sin lugar a dudas, la ruta seleccionada por la Autoridad Monetaria afecta la imagen y credibilidad de los órganos que regulan el Sistema Financiero Nacional y del propio Banco Central”, resaltó la ABC.
El Observador solicitó al Banco Central una reacción sobre la disconformidad que expresan las entidades financieras sobre los requerimientos del tipo de cambio, pero al cierre de la edición no se obtuvo una respuesta.
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