Juan Pablo Arias
La negativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de entregar al Banco Central los datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, tuvo como consecuencia un proceso judicial.
Hazel Valverde, gerente del Banco Central, presentó una denuncia penal contra la superintendente Rocío Aguilar, mientras la Procuraduría General de la República todavía analizaba el caso. Sugef mantiene la posición de que la entrega de los datos solicitados vulneraría la privacidad de los deudores, mientras el Banco Central alega necesitarlos para construir estadísticas.
Pero, ¿por qué el Banco Central quiere identificar a las personas y empresas con préstamos?
En un comunicado divulgado el viernes, el Banco Central explicó que información que pide a la Superintendencia es con el propósito de generar nuevas estadísticas crediticias que permitan conocer, entre otros análisis, el riesgo financiero de los créditos otorgados a personas ubicadas en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares, así como mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria.
“El proceso de unificar bases de datos que contienen información financiera y las variables antes mencionadas requiere necesariamente del número de identificación (cédula física, jurídica, Dimex, entre otros), ya que es la variable que permite relacionarlas”, indicó.
El Banco Central señaló que esos datos se utilizarían para clasificar la información crediticia por variables tales como la ubicación geográfica, la actividad económica, o si el crédito fue otorgado a familias o a empresas.
El alegato es que solamente se elaborarán datos agregados, es decir, información agrupada y sin posibilidad de identificar datos particulares de individuos o de empresas.
Asimismo, señaló que la información crediticia que recibe actualmente no cumple con los requerimientos mínimos para lograr obtener las clasificaciones.
“La información se solicita con fundamento en la Ley del Sistema de Estadística Nacional, producto de las mejoras introducidas en materia de gestión de la información estadística como parte del proceso de ingreso del país a la OCDE.
“La obligatoriedad de la entrega de la información solicitada a la Sugef fue expresamente validada por la Procuraduría General de la República mediante el criterio PGR-C-125-2023”, añade el comunicado.
El Banco Central insistió en que cuenta con amplia experiencia en la recolección y resguardo de información de los agentes económicos sobre estados financieros, cifras sobre exportaciones, importaciones, empleo, entre otros y que toda esa información se utiliza para la elaboración de las estadísticas macroeconómicas del país.
“La legislación costarricense no solo le da la facultad al BCCR de solicitar datos a entes públicos y privados para la generación de estadísticas agregadas, sino que establece la obligación de mantener la confidencialidad de la información que le brindan las personas físicas y jurídicas”, agregó.
Sector bancario acuerpa a Sugef
A primera hora del viernes, La Asociación Bancaria Costarricense informó que acuerpa la posición de Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de mantener confidencialidad sobre los datos de los deudores.
“No hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información”, indicó en un comunicado.
La ABC también cuestiona un reciente requerimiento de información confidencial del Banco Central para identificar quienes realizan transacciones de compra y venta de divisas, sin justificar el propósito de esa solicitud.
Mario Gómez, asesor legal de la ABC indicó que la situación que está provocando el Banco Central con ese tipo de requerimientos y las vías legales que acciona para obtenerlas, “genera una seria y profunda preocupación.
En el mismo sentido se manifestó la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.
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Voces en contra de la solicitud
La pretensión del Banco Central de obtener datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, también generó críticas y oposición de diversos sectores y analistas.
Las voces en contra provienen principalmente del sector empresarial y la Asamblea Legislativa.
“La información solicitada es contraria a la Ley y no se observa la existencia de una justificación o criterios técnicos para contar con dicha información de forma detallada y centralizada. Además, preocupa profundamente el almacenamiento, procesamiento y potencial uso que se pudiera estar considerando para esta información sensible”, indicó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
En la Asamblea Legislativa, los diputados Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista y Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, fueron los primeros en posicionar sus voces en contra, con críticas a la solicitud de datos considerados confidenciales.
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(Archivo/El Observador)
