Juan Pablo Arias
La noticia de que el Banco Central presentó una denuncia penal contra la superintendente Rocío Aguilar, tomó por sorpresa a Alberto Dent, presidente del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Él es el superior jerárquico de Aguilar, quien está a la cabeza de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Este último órgano mantiene la posición de que no puede entregar al Banco Central datos que son considerados confidenciales, como el número de cédula de los deudores.
En entrevista con El Observador, Dent respaldó el criterio de la Sugef y lamentó que el Banco Central judicializara una diferencia de criterios legales.
“No era necesario presentar una denuncia penal, que puede tomarse en consideración como si fuera un tema de asustar a la gente para que le dé la información. Eso en este país no se hace”, dijo.
A continuación un extracto de la conversación con el presidente del Conassif:
¿Cuál es la posición oficial del Conassif respecto a esta diferencia de criterios?
“Nosotros fuimos informados desde hace meses de la diferencia de criterios. Nosotros estamos clarísimos de que existe una disposición legal que indica que cuando hay diferencias de criterio legal entre entidades estatales, bueno… que se va a la Procuraduría General de la República, es el que es el abogado del Estado y la aclaración que esta entidad haga es de acatamiento obligatorio.
“Así lo hicimos; siempre estuvimos claros de que había una solicitud del Banco que Sugef objetaba. Nosotros fuimos prudentes, en ese sentido.
“La Sugef nos informó que iba a hacer la consulta a la Procuraduría. Lo que nos pareció perfectamente bien.
“Nos llevamos una sorpresa enorme cuando en espera de la respuesta de la Procuraduría y sabiendo que el Banco Central también había hecho la consulta, vienen y presentan una denuncia penal.
“Entonces en la sesión del pasado martes, el Consejo mostró su sorpresa y su desagrado por la decisión que tomó la gerencia (del Banco) con instrucciones de la Junta Directiva de plantear una denuncia penal y así lo dejó constando en actas”.
¿Antes de que llegara la notificación oficial ya había un algún conocimiento del Conassif de que se había planteado esa denuncia?
“Nos tomó por sorpresa. Doña Rocío, nos llamó y nos dijo que la habían citado a la Fiscalía y ahí ella se encontró que había una denuncia presentada por la gerencia del Banco Central.
“Entonces, obviamente nos tomó por sorpresa a nosotros. Nunca creímos que eso podía suceder. Los comentarios que yo hice es que además no tiene pies ni cabeza, sobre todo entre dos entes estatales, cuando se estaba discutiendo el tema, que había una diferencia de criterio de dos departamentos legales.
“El lugar adecuado no es la Fiscalía, el lugar adecuado que dice la Ley es la Procuraduría General de la República y así lo hicimos nosotros”.
Don Alberto, ¿qué posible salida ve usted a este conflicto o esta diferencia de criterios bajo el contexto actual?
“La diferencia de criterios ya la dirimió la Procuraduría, que ya indicó que si bien había cierto tipo de información que se podría dar, la información individual de las personas como tal, no se puede dar, porque es confidencial. O sea, no se puede dar si no hay una autorización específica de la persona en ese sentido.
“Básicamente se reafirma lo que la Sugef había creído en su oportunidad y que consideramos nosotros: que no es necesario saber la identidad de las personas o cuánto es el monto que debe, o cuánto es lo que tienen en garantía, para poder dar estadísticas del tipo que usa el FMI o la OCDE”.
El sector empresarial, varios analistas y diputados califican como precipitada y desproporcionada la denuncia penal. ¿Cuál considera usted que hubiera sido el procedimiento que debieron haber seguido antes de llegar a una denuncia penal?
“El procedimiento que seguimos, que fue desde la consulta a la Procuraduría General de la República, simplemente debieron de haber esperado a tener una respuesta como la que obtuvimos, que dio la aclaración del caso y que la Sugef seguirá al pie de la letra.
“No era necesario presentar una denuncia penal que puede tomarse en consideración como si fuera un tema de asustar a la gente para que le dé la información. Eso en este país no se hace“.
También llama la atención que las entidades financieras evidencian un desacuerdo sobre una petición de información adicional que les está haciendo el Banco Central sobre las operaciones cambiarias, que tienen también que identificarlo con número de cédula, Dimex y cédula jurídica. Sobre ese ese tema, ¿cuál es la opinión del Conassif?
“Bueno, entendemos que es el Banco Central, lo hizo directamente. Y nuevamente nos referimos a la información que nos dio la Procuraduría General de la República, indicando que la identificación específica de los deudores o de las transacciones, con nombre y número de cédula, solamente pueden darse con una autorización expresa de la persona”.
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