Josué Alvarado
La Oficina de Comunicación del Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó a El Observador que ni el presidente de la entidad, Roger Madrigal, ni la gerente general, Hazel Valverde, responderán a preguntas sobre los cuestionamientos que se hacen por la solicitud de información considerada “confidencial” a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La razón es que Madrigal figura como testigo en la denuncia penal que el banco interpuso contra la jerarca de Sugef, Rocío Aguilar, por la negativa de la Superintendencia a entregar la información solicitada por el banco. Por ello no puede referirse, según la oficina.
Mientras tanto, Valverde fue quien puso la denuncia en nombre del Banco Central y contra Aguilar, por lo que tampoco hablará ante los medios.
La oficina remitió a la conferencia de prensa brindada la mañana de este mismo martes, en la que tampoco participó ninguno de los dos jerarcas, si no que estuvo a cargo del economista jefe del BCCR, Alonso Alfaro.
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Denuncia a Rocío Aguilar
El pasado jueves 17 de agosto trascendió que Hazel Valverde, en nombre del BCCR, había denunciado penalmente a la superintendente Rocío Aguilar.
Según informó Aguilar, a través de un comunicado de prensa, la denuncia se basa en la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por el BCCR.
Dicha solicitud incluye datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona.
Sin embargo, la asesoría jurídica de Sugef consideró que la solicitud es contraria a la confidencialidad de la información. Por otro lado, señaló que la superintendente, intendente, funcionarios y miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tienen prohibido suministrar cierta información.
En medio de la pugna, la Sugef consultó a la Procuraduría, que dio la opción de trasladar algunos datos, pero de tal forma que no se pueda identificar a las personas involucradas. Sin embargo, la denuncia ya se había interpuesto.
Señalamientos en contra el banco
Desde que trascendió esta noticia el sector bancario y financiero de Costa Rica han reaccionado en contra del banco. Incluso, han llamado a este episodio la nueva UPAD, haciendo referencia a la polémica y cuestionada unidad de datos que generó molestia en contra del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
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La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberal Progresista (PLP) se han manifestado en contra de la solicitud de información confidencial y la posterior denuncia contra Aguilar.
Algunas de las preguntas pendientes
El Observador tenía varias preguntas preparadas para los jerarcas, entre ellas por qué no esperaron el criterio de la Procuraduría General de la República antes de interponer la denuncia penal contra Aguilar. También si existe alguna presión, como por ejemplo del Fondo Monetario Internacional (FMI), para que el banco tenga estos datos.
Además, si ya han solicitado la misma información a otros bancos del país y si sería de esperar más denuncias, en caso de encontrarse con negativas.
Por otro lado, también se les quería cuestionar si el banco cuenta con consentimientos informados de los costarricenses para que ellos puedan manipular sus datos, incluso aquella que está ligada a su número de cédula.
Por último, este medio intentó preguntarle a Madrigal si han tenido contacto con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) para efectuar de manera adecuada la manipulación de los datos que por ahora siguen solo en manos de la Sugef.
El Observador intentó consultarle a Madrigal sobre estos temas en un evento presencial que se realizó este martes en el edificio donde operan las superintendencias, en Barrio Amón.
