Tomás Gómez
La búsqueda de un nuevo proveedor de tobilleras para monitoreo eléctrónico sigue topando con trabas y ahora incluso tendrá más plazo.
Tras dudas de oferentes y observaciones de la Contraloría General de la República, esta semana quedó afinado nuevamente el cartel para su concurso internacional. El proceso se gestiona en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Según admitió el Ministerio de Justicia,”la nueva versión del cartel incluye cerca de 50 modificaciones para generar mayor claridad según las solicitudes de las empresas”. Entre estas destacan:
- especificaciones para mobiliario, equipo de cómputo, central telefónica, aires acondicionados y planta eléctrica.
- posibilidad de hacer una visita a la Unidad de Monitoreo Electrónico por parte de los oferentes interesados
- se eliminó la variable de peso como criterio de elegibilidad
- se movió al esquema de evaluación, que quedó distribuido de la siguiente forma: Precio 50% + Experiencia adicional 20% + Peso del dispositivo 20% + Descuentos por volumen 10%.
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“Con todos los ajustes buscamos estimular la participación de la mayor cantidad posible de oferentes, que resulte en la adjudicación más beneficiosa para el servicio de monitoreo y para el país”, dijo la ministra Fiorella Salazar.
Con todo ello, el cierre del concurso para las tobilleras se correrá hasta el 4 de agosto. Originalmente la fecha límite era el 29 de abril pero se amplió debido a los arreglos del cartel que estaban pendientes.
Con el nuevo plazo para las tobilleras, se espera también que Sutel pueda realizar la homologación de posibles dispositivos (Archivo)
Tobilleras con más dudas
El uso de tobilleras como alternativa a las cárceles estuvo marcado por cuestionamientos desde el inicio de su implementación.
Originalmente se financiarían mediante el BID pero luego se recurrió a prespuesto nacional y una contratación entre entes públicos, que evitó el largo proceso burocrático. Por el negocio compitieron Racsa y la ESPH; esta última ganó el concurso.
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Para cumplir, se hizo necesario una subcontratación, que también levantó roncha y tras varios conflictos incluso debieron sustuir al proveedor tercerizado.
Desde el 2019, la gestión de la exministra Marcia González arrancó el proceso para el contraro internacional. Con el cambio a la nueva jerarca, sin embargo, se frenó el plan para incorporar “lecciones aprendidas”.
El proceso se dilató y no fue hasta febrero cuando se lanzó el nuevo cartel.
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El concurso se abrió sobre el tiempo límite del contrato actual y habiendo fracasado los pedidos de prórrogas, casi 1.800 usuarios de tobilleras tenían comprometido su destino.
Justicia recurrió entonces a la figura del “contrato adicional”, que extiende el vínculo actual hasta por 2 años o mientras queda en firme el nuevo concurso.
El Ministerio de Justicia ha tenido que correr a encontrar soluciones creativas tras sus constantes fracasos con el tema del contrato de tobilleras (Tomás Gómez/El Observador)
