Hermes Solano
La Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso recibió este miércoles a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el órgano técnico en esta materia, para conocer detalles respecto a la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica y la exclusión de las empresas chinas como proveedoras.
El presidente del Consejo de Sutel, Federico Chacón, confirmó que ellos, en el informe entregado al Poder Ejecutivo, recomendaron la utilización de estándares de seguridad 3GPP y no el Convenio de Budapest.
Sin embargo, en el decreto y la reglamentación se definió ese convenio como el parámetro para determinar quién puede o no participar y China no es parte. Por esta razón, empresas como Huawei, que tienen contratos con los operadores que brindan el servicio en el país, no puede concursar.
Para Sutel, esta situación genera un conflicto en el principio de neutralidad.
“Sí hay un conflicto con el tema del principio de la neutralidad porque se está restringiendo a los operadores a seleccionar los estándares que cumplan con los requisitos y seguridad de las redes”, indicó Chacón.
La semana anterior, la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, dijo a la comisión que esto no era así “porque no se le está diciendo a los operadores qué tecnología comprar”; sin embargo, Chacón confirmó que el criterio técnico sí indica el conflicto.
“Esa fue nuestra observación y criterio y lo mantenemos”, indicó el representante de Sutel.
Además, fue enfático en que el Convenio de Budapest no tiene impacto para redes de telecomunicaciones.
“No le restamos importancia al Convenio de Budapest, pero no es para el tema de ciberseguridad de las redes propiamente”, acotó.
El convenio en cuestión entró en vigor en 2004 y es el primer acuerdo entre países para hacer frente a delitos informáticos. 56 países lo han firmado, entre ellos Estados Unidos.
Presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Federico Chacón, en comisión legislativa. (Asamblea Legislativa)
Preocupación
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, mostró preocupación por lo que está sucediendo y asegura que le queda claro que la decisión tomada en el decreto es política y no técnica.
“Quedan muy claras varias cosas; en primer lugar, que el Convenio de Budapest no es sobre ciberseguridad y que la recomendación técnica ha sido es que la industria utiliza los estándares de la 3GPP”, dijo la legisladora.
“Quedo con más seguridad que el Gobierno usó un criterio político y no técnico”, añadió.
Según Guillén, de mantenerse esa reglamentación, se pueden generar tres graves problemas para el país.
El primero, dice que habría un “conflicto diplomático con nuestro segundo socio comercial más grande”.
Eso, generaría, además, que Costa Rica tenga que enfrentarse a tribunales internacionales.
“Es probable o tendrían elementos las empresas y el gobierno chino para llevarnos a tribunales internacionales por arbitraje, competencia desleal y falta de neutralidad”, indicó.
Por último, considera que el ICE, que tiene más del 40% de sus contratos con Huawei, tendría un hueco financiero y “no podría incorporarse al 5G”.
La diputada y el resto de integrantes de la Comisión esperan que desde el Micitt y el Gobierno echen para atrás la decisión y rehagan el reglamento sobre la implementación de 5G en Costa Rica.
