Gustavo Martinez
Tras una reunión de dos horas en la Contraloría General de la República (CGR), no hubo punto de acuerdo sobre la adjudicación de escáneres antidroga entre el presidente Rodrigo Chaves y la Contralora General, Marta Acosta.
La dinámica inició con los alegatos de Acosta sobre las advertencias en materia de los dispositivos antidrogas para puertos y puestos fronterizos del país.
Posteriormente, Chaves respondió a las explicaciones del ente controlar, al lado de su equipo técnico integrado por la ministra de Planificación Nacional, Laura Fernández; el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta; el ministro de Seguridad, Mario Zamora y el jerarca de Agricultura, Víctor Madrigal y el ministro de Transportes, Luis Amador.
“El Gobierno de la República va a seguir con los objetivos de limpiar el país del narcotráfico internacional y del crimen organizado y eso requiere escáneres. Estamos buscando todas las opciones para poder solventar lo que, a nuestro punto de vista, es con todo respeto de la señora contralora, una interpretación no clara, un poco peculiar de algo que es de necesidad nacional e inmediata”, manifestó Chaves tras el encuentro.
La reunión
Al inicio de la audiencia, Acosta mencionó una denuncia ciudadana sobre de las actividades de la Radiográfica Costarricense (Racsa) para la adquisición de estos dispositivos. Esta advertencia se realizó en junio de 2023.
Acosta señaló que la Administración trató, en dos ocasiones, adjudicar los escáneres sin un concurso público. Sumó que la administración no realizó un estudio de mercado, para contratar de forma directa a Racsa, quien dotaría la tecnología para operacionalizar los dispositivos de seguridad.
“Es indispensable su adquisición, por el tema de seguridad”, enfatizó.
Por su parte, Chaves insistió en que las explicaciones de la contralora y de su equipo se basan en interpretaciones de los artículos de la Ley General de Contratación Pública.
La Contralora General, Marta Acosta, señaló que no es posible adjudicar a empresa Racsa el proyecto de escáneres, mediante una alianza estratégica, por estar implicadas dos entes públicos (Cortesía).
El jefe de Estado insistió que, según su criterio, la legislación no les impide adquirir escáneres de la mano de Racsa, sin un concurso público y en el marco de una alianza estratégica. “La norma les permite a Racsa hacer alianzas, con quién, con una empresa que tenga la mejor tecnología del mundo”.
“No era un por eso de contratación, sino una alianza estratégica. Hubiéramos preferido recibir una llamada de la Contraloría; en lugar de precipitarse y enviar una carta de que se abortara ese proyecto. Ustedes se adelantaron (sobre las advertencias)” explicó Chaves.
“Racsa lo que da un servicio, no va a proveer los escáneres” reforzó el equipo técnico que acompañó al mandatario.
El ente frenó el proceso a favor de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) el 20 de diciembre.
El argumento es que “no cumple los prepuestos de ley y, por tanto, el concurso no puede seguir adelante”, según ordenó el ente.
Según se analizó, ya se había convocado a un primer proceso a cargo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en el que Racsa no presentó los requisitos y el 27 de noviembre el trámite se cerró infructuoso.
El pasado 14 de diciembre se subió al Sistema de Compras Públicas (Sicop) una nueva convocatoria sustentada en la normativa que permitiría excepciones a las reglas de contratación cuando se trate de asuntos entre entes de Derecho Público.
Esta última justificante legal no fue acogida y también se descartó que el asunto pudiera abordarse como una alianza estratégica.
Previo a la reunión, el Gobierno retiró, el pasado 30 de enero, el recurso de revocatoria de apelación en subsidio, ante las advertencias señaladas por la Contraloría en este tema.
Esto para propiciar el diálogo del proyecto durante la reunión con Acosta.
Al finalizar la reunión, ambos concluyeron que no se pondrían de acuerdo en el tema de escáneres, por lo que, debían proceder con los otros temas de agenda, como lo era Ciudad Gobierno.
Ciudad Gobierno
La discusión sobre Ciudad Gobierno se tornó menos tensa, siempre haciendo énfasis en la necesidad de revisar y aplicar correctamente el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Esto a raíz que el Gobierno pretende construir este complejo gubernamental en un terrero público.
En este caso, el Ejecutivo tiene una opción adicional en la búsqueda de aprobar este proyecto, debido a que, presentó desde diciembre, dos proyectos referentes a Ciudad Gobierno en la Asamblea Legislativa.
Estos proyectos tratan sobre: uno alusivo a una interpretación auténtica del artículo 67 de la Ley de Contratación y Públivca y un segundo expediente que propone una reforma a dicho artículo.
Serán los diputados los que definan el futuro de este proyecto, con la promesa de Chaves que buscará acudir a la Asamblea Legislativa para impulsar y convencer a los legisladores de la importancia del proyecto y su impacto positivo para el país en término de ahorro.
A esta iniciativa se le suman las reuniones del jefe de Estado con los jefes de fracción, la primera de ellas que ya se concretó el pasado 30 de enero. Siendo este otro de los espacios que el mandatario aprovechará para discutir sobre los diversos proyectos que interesan al Ejecutivo.
