Josué Alvarado
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró con lugar una medida cautelar interpuesta por Fundación Marviva con el objetivo de detener los estudios en el mar que está haciendo el Gobierno para rehabilitar la pesca de arrastre en Costa Rica.
De esta forma, el Gobierno e Incopesca deberán de suspender cualquier actividad de pesca de camarón que se haya iniciado en el marco de este proyecto y dejó sin efecto algunos acuerdos y resoluciones de Incopesca.
Así lo resolvió el juez Gerardo Pérez Alfaro el pasado 13 de noviembre del 2023.
Lo anterior aplica hasta que se resuelva por el fondo la denuncia que había interpuesto la misma fundación contra el estudio, por considerar que carece de rigor técnico y que, por ende, podría significar un peligro para la estabilidad de los ecosistemas.
“En medio de inconsistencias y falta de transparencia, este “estudio” está cargado de carencias técnicas y metodológicas, lo que representa un riesgo muy alto para el mar, las economías costeras y las finanzas públicas”, dijo la Gerente de Incidencia Política de Marviva, Katherine Arroyo.
“Protección de los ecosistemas marinos es un derecho constitucional”
El juez Pérez Alfaro consideró que se cumplían los tres elementos necesarios para la aprobación de la medida cautelar solicitada por la fundación: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y el equilibrio de intereses.
Sobre el segundo y tercer punto, el juez señala que la parte actora acreditó el peligro inminente y de difícil reparación en caso de no acoger sus pretensiones.
De esta forma, la fundación demostró “las implicaciones que puede tener para los ecosistemas marinos, incluso, para las arcas del Estado, la implementación de un proyecto sin los criterios técnicos necesarios, y en contravención con las disposiciones constitucionales que han sido emitidas en materia de pesca de arrastre”.
Sin embargo, el juez aclara que su pronunciamiento no es sobre el fondo, pues eso se resolverá mediante otro proceso.
“Es criterio de este juzgados que la protección de los ecosistemas marinos es uno derecho constitucional y debe tutelarse de forma especial, tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional en numerosos votos”.
“Aunque Incopesca fundamenta su oposición y brinda argumentos sobre la improcedencia de la medida cautelar, lo cierto es que hay un interés público superior en este asunto, la tutela del ambiente, y como se dijo, debe el Estado garantizar su protección, siendo que al cuestionarse el proyecto referido y ante eventuales vicios o falencias que puedan afectar los ecosistemas marinas y en aplicación del “indubio pro natura”, resulta razonable priorizar en la protección del ambiente”.
El Gobierno todavía no se pronuncia sobre esta resolución.
Voces en contra
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció en setiembre de 2022 que el Ejecutivo realizaría nuevos estudios técnicos para reactivar la pesca de camarón en los mares costarricenses.
Según el mandatario, los estudios aprobados por Incopesca se realizarían a partir del primer trimestre del 2023. Fue entonces cuando Marviva solicitó la información y encontró los aparentes problemas técnicos y metodológicos. Desde entonces, intenta detener las acciones.
La academia y otras organizaciones que se dedican a la protección del medioambiente costarricense también han sumado su voz en contra de esta iniciativa gubernamental.
