Paula Ruiz
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó este jueves a los diputados ¢1.879 millones para garantizar las elecciones nacionales del 2022.
Debido a los recortes presupuestarios en el Presupuesto Nacional del 2021, el ente electoral sufrió una disminución de ¢2.610 millones. Este monto equivale al 6% del gasto total de la entidad, detalló Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal.
El jerarca indicó que se puede poner en riesgo la preparación de las votaciones del 2022 principalmente por sistemas de seguridad.
Franklin Mora, vocero del TSE, indicó que a la entidad le urge garantizar la continuidad de dos contratos: uno por ¢500 millones sobre un sitio de datos alternos ,donde se aloja la información registral y electoral.
Entretanto, el segundo- por ¢300 millones- es para dar seguridad perimetral por eventuales jaqueos.
“El contrato de sitio alterno está hasta junio, caso contrario nos meten en un problema”, afirmó Mora.
La solicitud del Tribunal se realiza a través de un presupuesto extraordinario que pretende reorientar ¢1.236 millones liberados por la reducción de deuda política, explicó Gustavo Román, asesor político del ente electoral.
Este dinero representa un ahorro de fondos públicos tras la aprobación de la ley que reduce dicha partida para los partidos políticos. Sin embargo, ahora el Tribunal solicita que se incorporen en su presupuesto.
Adicionalmente, pretenden la restitución de ¢643 millones, agregó Román.
El presupuesto extraordinario aún no ha sido presentado por el Poder Ejecutivo, aunque según Román, tiene el visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda.
Jerarcas del TSE pidieron la aprobación de presupuesto adicional a los diputados. De izquierda a derecha: Héctor Fernández, Luis Antonio Sobrado y Franklin Mora. Foto: Asamblea Legislativa.
Segundo en fila
Esta es la segunda institución que solicita recursos adicionales de forma consecutiva. Este miércoles fue el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) quien pidió ¢15.500 millones adicionales.
El ente ministerial indicó que requieren el dinero para combustible que permita hacer patrullajes, la compra de chalecos para policías y evitar cierre de delegaciones policiales.
El 24 de noviembre anterior, los diputados autorizaron una rebaja por ¢154.561 millones debido al impacto generado por la pandemia en las finanzas públicas.
OBSERVE MÁS: Seguridad Pública pide ¢15.500 millones adicionales para evitar afectación en último cuatrimestre del año
