Paula Umaña
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) solicitó este jueves que se excluya a las universidades públicas del procedimiento que realizará la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) para certificar la aplicación de la regla fiscal.
La petición se realizó por medio de una carta enviada al ministro de Educación Pública, Edgar Mora, bajo el alegato de que eso violaría la autonomía universitaria.
“La Constitución Política en el artículo 84 establece el mecanismo para la negociación y aprobación de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual según algunos sectores quedaría obsoleto tras la aprobación de la regla fiscal”, explica la Universidad de Costa Rica (UCR) en un comunicado de prensa.
La STAP, solicitó a las entidades públicas no financieras (como las universidades), a que presenten ante este órgano la información de los presupuestos ordinarios 2019.
En caso no presentar lo solicitado, el órgano informó que se certificará que los presupuestos para el ejercicio económico siguiente incumplen con la regla fiscal y no serán aprobados por la Contraloría General de la República.
Este órgano es la instancia encargada de elaborar y dar seguimiento a las directrices y normativas en materia de política presupuestaria y la participación en la evaluación de la gestión institucional.
Universidades no responden a STAP
“Cabe resaltar que las universidades estatales nunca han estado sometidas a la regulación, verificación o supervisión de la Autoridad Presupuestaria”, se emitió desde la UCR.
El Dr. Carlos Araya, vicerrector de Administración de la UCR, señaló que clasificar a las universidades como parte del sector público no financiero, las incluye tácitamente dentro de los alcances de la autoridad presupuestaria.
“Eso viola el artículo 84 de la Constitución Política, que les otorga independencia de funciones, organización y gobierno propio”, dijo.
El rector de la UCR y presidente de Conare, Henning Jensen Pennington, explicó que en la actualidad los mandatos constitucionales se encuentran en “proceso de erosión” por múltiples razones.
Además, Jensen mencionó que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es interpretada por algunos sectores políticos como una norma que subordina a todas las instituciones nacionales a la Autoridad Presupuestaria.
Por su parte, Araya aseguró que “no se trata de defender privilegios, sino de defender el estado social de derecho”.
Así mismo, recalcó que no se puede concebir que mediante una ley o un reglamento se pretenda sustituir lo que señala la Constitución Política. “Nuestros constituyentes protegieron sabiamente los recursos para la educación pública mediante la propia Carta Magna y eso no se puede violentar”.
Por su parte, Araya aseguró que existe una alta incertidumbre pues la Comisión creada para la negociación del FEES, se quedaría sin su función principal que es definir el presupuesto para las universidades públicas.
De acuerdo con la UCR, este cambio respondería a que la aplicación de la política pública se haría por medio de una fórmula matemática que establece la regla fiscal y, así, se estaría desapareciendo al FEES.
Paula Umaña
Un viaje diario entre palabras, versiones, hechos y verdades. Una periodista en constante aprendizaje, con el sueño de ser bióloga marina y sumergirse en las historias más profundas del gigante acuático.
