Paula Ruiz
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció este miércoles en contra del proyecto de ley presentado por el actual Gobierno que busca regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
De acuerdo con este órgano, el objetivo del Poder Ejecutivo es tener injerencia sobre las universidades públicas lo cual contraviene la Constitución Política.
Carlos Palma, miembro del Consejo, quien representa a la facultad de Ciencias Sociales, consideró que “manejando el presupuesto se controlan los demás aspectos funcionales y organizativos y esa es la intención clara de este proyecto de ley”.
Asimismo, consideró que esta es una vía para “destruir” el Estado Social de Derecho, por lo tanto hizo un llamado en defensa de la institucionalidad pública costarricense.
A él se suma German Vidaurre, Director del Consejo, al considerar que es un proyecto más de los que se presentaron en los últimos años para debilitar el sistema universitario.
“Es uno de esos proyectos que se suma a otras iniciativas que están buscando este control directo por parte del Poder Ejecutivo e iniciativas que ya se han ido discutiendo”, puntualizó.
En tanto, Carlos Araya, exrector de la UCR, destacó que la Contraloría General de la República (CGR) y la auditoría interna se encargan de analizar la rendición de cuentas de las universidades públicas.
Ante esto, el Consejo informó que buscan que los diputados que tiene en sus funciones analizar este plan, comprendan que esta iniciativa es inconstitucional.
“Con este pronunciamiento lo que pretendemos es hacer ver a diputados de la Comisión de Educación, convencerles que rozan con la constitucionalidad pero más allá, es la conveniencia o no de un proyecto que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la universidad”, subrayó Palma.
Aumento de becas
Por otra parte, este órgano universitario apuntó a que el proyecto se constituyó sobre una base de falacias.
Entre ellas, que el Ejecutivo puede regular el mecanismo de asignación de recursos a la educación superior, sin embargo defienden que esto ya se fraguó en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
“La tercera falacia es que utilizan recursos en actividades distintas a las que deberían destinarlos, en este momento si hablamos de salarios, las universidades son instituciones públicas de servicio que requieren de recurso humano altamente calificado. Es normal que presentemos proporciones de remuneraciones que anden por 70-80% (de los presupuestos)”, destacó Vidaurre.
En tanto, Araya informó que en 2012 la Universidad de Costa Rica utilizó ¢8.200 millones en becas, mientras que para el 2023 el presupuesto para esta partida es de ¢35.000 millones, es decir un aumento de 400% en una década.
Sobre esta iniciativa de ley, la Universidad Nacional (UNA), federaciones estudiantiles, así como el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se han pronunciado en contra.
El Consejo Universitario de la UCR realizó una conferencia de prensa para referirse a este proyecto de ley. Captura de pantalla.
¿Qué dice el proyecto?
El plan busca establecer el FEES mediante Ley, pese a la disposición constitucional.
En el artículo 1, establece que el fondo deberá promover becas, regionalización y la inversión en infraestructura física.
Asimismo, contrario a lo establecido en la Constitución Política, obliga a que cualquier excedente debe pasar a caja única del Estado.
La iniciativa gubernamental, también crea el Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal que se encargará de promover, fiscalizar y evaluar los resultados de la Educación Superior.
Este órgano estará integrado por los rectores universitarios y cuatro ministros: Educación, Hacienda, Ciencia y Tecnología y Planificación.
“Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo. Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio”, señala el expediente.
Asimismo, especifica los criterios para la distribución del FEES con base en aspectos como la calidad de los profesores, la propuesta académica, la regionalización, entre otros.
Por otra parte, obliga a las universidades a rendir un informe financiero de ejecución de los recursos a la Contraloría General de la República (CGR) y deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley pretendida.
El Gobierno defiende que con esta propuesta se va a garantizar la adecuada distribución de los recursos.
“La ley que hoy proponemos establece que el FEES tendrá como prioridad el fortalecimiento de las sedes regionales de las universidades, la promoción de becas, la inversión en infraestructura física y equipamiento”, aseguró Rodrigo Chaves, presidente de la República.
El proyecto se analiza mediante el número de expediente 23.380 e ingresó a la corriente legislativa el pasado 06 de octubre. El plan está en estudio en la Comisión Especial de Educación.
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