Paula Ruiz
“Entre el 1 de marzo y el 30 de marzo, más de 18.000 personas solicitantes de refugio no acudieron a la cita, dijo la directora general de Migración y Extranjería, Marlen Luna.
Desde el 29 de noviembre de 2022, varias autoridades gubernamentales firmaron el Decreto Nº 43810 MGP que elimina el derecho automático para laborar en el país y ahora, deberán de gestionar un permiso, entre otras modificaciones.
Según Luna, el análisis hacen es que “al ver que ya no podían automático el permiso de trabajo, ya no fue atractiva la categoría”.
De esta manera, especificó que antes del Decreto, asistían entre 400 y 500 personas al día sin embargo, ahora están procesando “un poquito más de la mitad, apenas”.
La jerarca indicó que esto afecta a otras personas puesto que no pueden adelantarles la cita a quienes realmente sí están interesados en la entrevista, porque no realizan la cancelación.
“Si cancelan, hubiéramos podido adelantar, pero estamos indagando si se va a seguir comportando de la misma manera para tomar la decisión de abrir más cupos para atención de los que sí necesitan”, apuntó.
Eliminarlos
Para la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio estos decretos relacionados con esta condición migratoria, no deberían mantenerse.
“Son completamente violatorios y contrarios a los distintos tratados que Costa Rica ha firmado en protección a las personas que buscan refugios y en cuanto a caída de solicitudes, veo que la comunidad migrante, que está solicitando refugio sobre todo la nicaragüense, ha tenido que buscar otras opciones dada la dificultad que tienen las personas en búsqueda de refugio”, señaló.
Vindas también reclamó la ineficiencia de Migración para dar resultados a quienes solicitan esta figura migratoria debido a que pueden tardar hasta 10 años.
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“Lo cual no es viable, es insostenible, muchos incluso son apátridas y están completamente desprotegidas por lo cual es evidente que han bajado las solicitudes, no encuentran una pronta respuesta”, afirmó la legisladora.
Justamente, Luna resaltó el dato al indicar que hay 180.000 solicitudes pendientes de resolver y, en caso de continuar la tendencia de que por día se registran 400 peticiones de este tipo, tardarían 10 años en llegar a cero el pendiente.
En febrero pasado, la Sala Constitucional resolvió un hábeas corpus donde destacó que uno de los decretos viola los derechos de estas personas.
Esto porque se impedía la salida de los solicitantes de refugio lo cual implicó reformar el artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiados donde se indicó lo siguiente:
“No se autorizará bajo ninguna circunstancia el viaje de las personas solicitantes de refugio, fuera del territorio nacional, ya sea a su país de origen o un tercer país, en virtud de que ello implica la inexistencia real de la necesidad de protección internacional por parte del Estado costarricense. El egreso del país de facto implicará el abandono tácito del proceso y el archivo del expediente administrativo correspondiente. Lo anterior será verificado a través del sistema de movimientos migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería”.
Sin embargo, un periodista nicaragüense presentó un recurso de hábeas corpus dado que no podía salir hacia Colombia para un aspecto académico.
El comunicador ingresó a Costa Rica desde el 15 junio de 2021 y desde el 29 de junio de 2022, tuvo la entrevista requerida de solicitud de refugio, razón por la cual su expediente administrativo estuvo completo desde esa fecha a la espera de la resolución.
De esta manera, la Sala consideró que la modificación es contraria a los derechos humanos de las personas migrantes dada la restricción de tránsito que les fue impuesta.
Se aprovechan
Marlen Luna destacó la importancia de las migraciones para Costa Rica, donde puntualizó áreas de trabajo como servicio doméstico, construcción, siembras agrícolas y cítricos.
“Queremos que puedan seguir permaneciendo en el país, pero no haciendo saturación indebida de refugio”, señaló.
Así las cosas, agregó que se busca continuar con esta “noble tradición” para resguardar a las personas contra quienes su vida se vea afectada.
El presidente Rodrigo Chaves ha dicho en varias ocasiones que estas medidas se tomaron por aquellas personas que optaron por esta categoría pese a que en realidad, se trata de migrantes con el único interés en venir a trabajar a Costa Rica.
“Alguna gente que son verdaderamente migrantes económicos se han acogido y abusado de la generosidad del pueblo de Costa Rica y de nuestra legislación de refugio para hacerse pasar por refugiados, cuando en realidad andan buscando oportunidades económicas. Es ahí es donde hemos dicho que Costa Rica está regularizando eso con una serie de decretos que ha impedido el abuso”, dijo el jueves pasado.
Ese mismo día se anunció una donación por $20 millones provenientes de un fondo especial que creó el Banco Mundial con contribución de Estados Unidos, para atender el tema migratorio.
Durante los meses de enero y febrero, Migración aprobó 622 condiciones de refugio, siendo una amplia mayoría de solicitudes realizadas por personas nicaragüenses (566), seguido de 38 de Cuba, 10 de Venezuela y 2 de El Salvador.
Con respecto a las solicitudes, se han presentado 8.752 en esos mismos meses.
