Paula Ruiz
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ordenó desaplicar la norma que impedía a los solicitantes de refugio, salir de Costa Rica tanto a su país de origen como a un tercero.
“En este momento, todas las personas solicitantes de refugio que deseen salir del país pueden hacerlo sin temor a que su estatus de solicitante sea cancelada”, declaró Marlen Luna, directora general de Migración.
“Emitimos una circular donde ordenamos a todas las instancias en puestos fronterizos, que se desaplicara la norma”, amplió la jerarca.
Esta decisión se da luego de que la Sala Constitucional resolviera a mediados de febrero que esta restricción viola los derechos de estas personas.
En diciembre de 2022, el Gobierno firmó un decreto ejecutivo para impedir la salida de los solicitantes de refugio lo cual implicó reformar el artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiados donde se indicó lo siguiente:
“No se autorizará bajo ninguna circunstancia el viaje de las personas solicitantes de refugio, fuera del territorio nacional, ya sea a su país de origen o un tercer país, en virtud de que ello implica la inexistencia real de la necesidad de protección internacional por parte del Estado costarricense. El egreso del país de facto implicará el abandono tácito del proceso y el archivo del expediente administrativo correspondiente. Lo anterior será verificado a través del sistema de movimientos migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería”.
Sin embargo, un periodista nicaragüense presentó un recurso de hábeas corpus dado que no podía salir hacia Colombia para un aspecto académico.
El comunicador ingresó a Costa Rica desde el 15 junio de 2021 y desde el 29 de junio de 2022, tuvo la entrevista requerida de solicitud de refugio, razón por la cual su expediente administrativo estuvo completo desde esa fecha a la espera de la resolución.
De esta manera, la Sala consideró que la modificación es contraria a los derechos humanos de las personas migrantes dada la restricción de tránsito que les fue impuesta.
Borrador
Luna informó que después de la disposición emitida por la Sala Constitucional, harían el cambio en el decreto ejecutivo.
Aunque, para ello primero están realizando consultas con los magistrados para definir si, realmente no procede lo indicado en ese artículo 59 del Reglamento.
“Estaríamos proponiendo un borrador al señor presidente (de la República, Rodrigo Chaves) de cambio en caso de determinarse que definitivamente hay una acción de constitucionalidad respecto al artículo 59 determinarse que no procede, no lo aplicaríamos”, puntualizó.
El 17 de febrero, horas después de darse a conocer la resolución de la Sala, el presidente Rodrigo Chaves afirmó que corregirían el documento.
“No es el fin del mundo, seguiremos tratando de ordenar la inmigración a nuestro país y el régimen de refugio y cada quien juzgue, soy respetuoso de la separación de Poderes, pero cada quien juzgue lo que hace el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo”, afirmó en ese momento.
Este jueves, Chaves reiteró sus observaciones al indicar que ha habido personas que utilizan esta categoría migratoria pese a que su interés real es venir a trabajar a Costa Rica.
Para ordenar el tema migratorio, el mandatario anunció una donación por $20 millones por parte del Banco Mundial.
Según datos de Migración, hay 180.000 solicitudes de refugio pendientes de resolver y, en caso de continuar con el ritmo de 400 peticiones diarias, tardarían 10 años en culminar con esta lista.
Actualmente, la institución cuenta con seis personas encargadas de atender estas solicitudes y resolverlas.
