Gustavo Martinez
La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI) finalizó la campaña para el pago de aguinaldos con cuatro empleadores en incumplimiento y que son denunciados judicialmente.
Por su parte, 1.649 personas recibieron su pago tras la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Así lo informó esa cartera en un comunicado y como cierre de la campaña que comenzó en diciembre, como es tradicional, para garantizar el cumplimiento de este derecho laboral.
Denuncias
En total, la DNI recibió 498 denuncias individuales de personas que indicaron no haber recibido su aguinaldo o haberlo recibido incompleto, durante la última semana de diciembre y la primera de enero.
Estas denuncias corresponden a 375 centros de trabajo que fueron visitados en su totalidad por las personas inspectoras. Las visitas se concretaron entre el 21 de diciembre de 2023 y el 12 de enero del presente año.
Las 375 denuncias se distribuyeron de la siguiente manera por zona geográfica:
- Región Central: 253
- Huetar Norte: 43
- Chorotega: 21
- Pacífico Central: 18
- Bruna: 15
- Huetar Caribe: 25
Por otra parte, la mayor cantidad de denuncias se presentaron en el sector comercio con 209, seguido por 76 en el sector de servicios y 20 en el sector construcción, por citar algunos casos.
Etapas
En una primera etapa de la campaña, se realizaron 1.700 visitas de recordatorio en todo el país. Ahí el llamado era a recordar la obligación de pago que tiene todo patrono.
Luego, se instalaron toldos informativos para asesoría y cálculo en los cantones centrales de Alajuela, Cartago y San José.
Tras las intervenciones y advertencias, la campaña cerró con cuatro expedientes listos para ser trasladados a los Tribunales de Trabajo.
En estas cuatro empresas, hay 344 personas que aún siguen afectadas por el no pago de este derecho laboral.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, señaló que tienen el “compromiso y obligación (de) velar por el cumplimiento de la normativa laboral y esta campaña ha tenido como norte el beneficio de las personas trabajadoras afectadas”.
“Recalcamos la importancia de ese trabajo que se hizo a final de año para que las personas pudieran recibir su aguinaldo de forma efectiva, que en el 82% se pagaron, una suma bastante importante y que así, estas personas, pudieron hacer frente a sus necesidades propias”, destacó el jerarca.
De mantenerse el incumplimiento en vía judicial, las personas empleadoras se ven expuestas a multas que van de 1 a 23 salarios base de un Oficinista 1 del Poder Judicial que, en este momento, ronda los ¢462.000.
La multa máxima puede superar los ¢10 millones.
