Tomás Gómez
A cinco años de dejar la Presidencia, algunas decisiones de la administración de Luis Guillermo Solís siguen generando polémica. Una de ellas escaló hasta estar a las puertas de un juicio contra varios jerarcas de esa administración.
A primera hora de este jueves, la Fiscalía confirmó que pidió al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública que abra un juicio en el que se analicen posibles hechos ilícitos en el intento de “salvamento” al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), que finalmente cerró.
La investigación llevó años e implicó allanamientos, imputaciones y un proceso más amplio que explicamos con 6 preguntas claves.
1. ¿Qué se investiga?
Según la acusación, un grupo de jerarcas “convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente”.
Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.
Con base en la investigación, la Fiscalía señala que la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
2. ¿A quién se investiga?
La Fiscalía confirmó que en su acusación se señala a:
- El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís
- El ex vicepresidente de la República y exministro de Hacienda Helio Fallas
- El exministro de la Presidencia y exembajador Sergio Alfaro
- La extesorera Martha Cubillo
- El subtesorero Mauricio Arroyo
3. ¿Qué pasó con Bancrédito?
Bancrédito era uno de los bancos estatales de Costa Rica. Se fundó en 1918 y 99 años después cerró en medio de una crisis e importantes pérdidas.
Por más de una década, hubo intentos para reflotar la institución y darle competitividad, pero estos fueron inútiles y en las legislaturas pasadas se movieron varios intentos para su cierre o absorción.
Aunque se conocían sus problemas, el Gobierno, mediante el Ministerio de Hacienda, realizó inversiones en títulos valores, por unos ¢38.000 millones y $50 millones.
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En 2017, una directriz presidencial llamó al sector público a mantener las inversiones en el banco. Además, se compró un título más por ¢62.000 millones.
Finalmente, Bancrédito no prosperó y llegó a su fin el 31 de diciembre del 2017.
4. ¿Fueron advertidos?
La mala situación de Bancrédito ya era conocida, por lo que las inversiones del Gobierno encendieron alertas.
A lo largo del 2017, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió sobre los problemas que tendría el Banco para afrontar sus obligaciones.
Los llamados no fueron atendidos y finalmente se dictó la intervención en diciembre de ese año.
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El entonces presidente del Consejo de de Supervisión del Sistema Financiero (Cosassif), Luis Carlos Delgado, explicó que era necesario por el nivel de riesgo al que llegaron las cuentas -se llegó a la irrgularidad grado 3-. Además, las pérdidas para noviembre del 2017 eran por el 37% del patrimonio.
La administración Solís fue crítica con el proceso, que el exministro Sergio Alfaro catalogó de “ilegal”.
5. ¿Cómo avanzó la investigación?
Las dudas sobre el “salvamento” de Bancrédito habían tenido un reflote en el período anterior.
Los interventores del Banco presentaron el caso a la Fiscalía en 2018.
Lo sucedido fue denunciado en julio del 2020 por la Contraloría General de la República, tras una queja del exdiputado frenteamplista, José María Villalta, quien cuestionaba el manejo que dio el primer Gobierno del PAC.
Al trascender la noticia del envío a juicio, Villalta recordó como desde el 2019 dieron las alertas.
La investigación arrancó desde entonces y para marzo del 2021 se dio una primera ronda de allanamientos en instituciones públicas y casas particulares en busca de evidencia.
Para diciembre de ese año, se dio la indagatoria contra el expresidente Solís.
6. ¿A qué se exponen los investigados?
Aunque durante las etapas preliminares se evaluaron posibles delitos, la acusación finalmente se concentra en uno: Influencia contra la Hacienda Pública.
Según el artículo 57 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública, su sanción va de 2 a 8 años de cárcel.
Para configurarse, el delito requiere que los funcionarios, en virtud de su cargo, “influyan, dirijan o condicionen” resultados que afecten los fondos públicos.
Otro elemento es que, por aparte, la Fiscalía endilgó al acusado de apellido Arroyo “también por seis presuntos delitos de falsedad ideológica, en concurso material”.
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7. ¿Qué dicen los acusados?
Al trascender la noticia del envío a juicio del Caso Bancrédito, varios de los señalados defendieron su rol y afirmaron cómo se presentarán ante la justicia.
“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”, dijo el expresidente Solís.
“No deja de sorprenderme la decisión del Ministerio Público de acusar en este caso, pero la recibo con serenidad”, apuntó.
El exministro Sergio Alfaro afirmó por su lado que estarán respondiendo en las vías legales.
“Asumo esta noticia con la tranquilidad de quien sabe que no cometió delito. Estaremos presentándonos a los tribunales de justicia a hacer la defensa técnica correspondiente”, sostuvo.
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