Paula Ruiz
Ottón Solís, fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) reaccionó a la acusación presentada por la Fiscalía contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís y otras figuras políticas que estuvieron en este Gobierno, por el caso de Bancrédito.
El rojiamarillo, quien tuvo como estandarte la ética y la eficiencia en la función pública, consideró que el exmandatario tomó decisiones que en su opinión, fueron equivocadas sobre el banco, pero no van más allá de eso.
“Don Luis Guillermo tomó decisiones, en mi opinión, equivocadas en relación con Bancrédito, pero una decisión equivocada no constituye un delito. En mi opinión, Oscar Arias tomó una decisión equivocada en relación con el TLC, pero eso no significa que incurriera en un delito”, dijo a El Observador vía Whatsapp.
Ottón se convirtió en uno de los más críticos del Gobierno de Luis Guillermo Solís e incluso, consideró que dicha Administración no siguió con los principios éticos y de eficiencia del Estado que se promulgan en el Partido Acción Ciudadana.
Incluso catalogó como una pena el caso del “cementazo” que estalló en el Gobierno de Solís, en una entrevista con el Semanario Universidad.
Ottón fundó el PAC en el año 2000 con la idea de romper el bipartidismo que ejercían Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. En tres ocasiones postuló su nombre para la presidencia de la República, sin éxito.
“Actuó con probidad”
Fabián Solano, quien preside al Partido Acción Ciudadana, se mostró confiado con que se demostrará que Luis Guillermo Solís “actuó con probidad y honradez” durante los cuatro años de ejercicio como presidente de la República.
Aseguró que toda la agrupación política tiene certeza de que saldrá bien librado de esta acusación.
“Tanto mi persona como presidente del Partido y el Comité Ejecutivo Nacional y demás instancias partidarias, el partido en general, no nos cabe ninguna duda. Tenemos la seguridad de que don Luis Guillermo Solís actuó desde el Gobierno de la República siempre con probidad, honradez y buscando el bienestar para nuestro país. Sobre eso tenemos seguridad y también, tenemos seguridad de que los Tribunales de Justicia así lo van a definir”, puntualizó Solano.
El presunto delito por el cual se le acusa es el de influencia en contra de la Hacienda Pública.
Según la acusación, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara la intervención del banco debido a los “serios problemas de liquidez que enfrentaba y así evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.
Con base en la investigación, la Fiscalía señala que la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
Las otras personas acusadas son Helio Fallas, ex primer Vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional; y Mauricio Arroyo en su condición de Subtesorero Nacional.
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Sorprendido
El exmandatario reaccionó con sorpresa por la decisión del Ministerio Público.
“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”, reaccionó Solís.
“No deja de sorprenderme la decisión del Ministerio Público de acusar en este caso, pero la recibo con serenidad”, apuntó.
Solís defendió que por decisiones gubernamentales, se logró el cierre del Banco de forma ordenada, que evitó una afectación completa al sistema financiero nacional.
El exjefe de Estado indicó que esta será su única declaración y que, posterior a esto, serán sus abogados los encargados de brindar alguna información adicional.
La acusación se presentó bajo la causa 20-000115-1218-PE y, dentro del proceso, la Contraloría General de la República presentó una querella (acusación privada) y la Procuraduría General de la República presentó una acción civil resarcitoria (para reclamar por daños y perjuicios sufridos) contra los imputados.
