Tomás Gómez
La acusación de la Fiscalía por el manejo de la administración de Luis Guillermo Solís al caso Bancrédito tiene además un reclamo económico de la Procuraduría General de la República (PGR).
Como abogada del Estado, la PGR reclama los daños y perjuicios que la situación habría causado.
Para ello se planteó una acción civil resarcitoria estimada tentativamente en ¢50 millones, pero que está sujeta a revisión. A ello la Procuraduría lo define como un monto “prudencial”.
El reclamo definitivo, apuntó la institución, “será cuantificado en definitiva, una vez que se presente el Estudio del perito actuarial matemático que determine la afectación a la colectividad que ocasionó la conducta delictiva que se acusa”.
De momento, se espera un encuentro judicial para presentar ese alegato completo.
“A la fecha no se ha otorgado la audiencia para concretar las pretensiones, por lo que el monto establecido tiene el carácter de prudencial, tal y como se indica en la Acción Civil Resarcitoria. Esta puede ser modificada una vez que se cuente con el citado Informe Pericial”, concluyó la PGR.
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El Caso Bancrédito se maneja bajo la causa 20-000115-1218-PE.
Según la acusación, “los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja; con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente”.
Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y; por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.
Con base en la investigación, la fiscalía señala que la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
La imputación incluye a:
- Luis Guillermo Solís, expresidente de la República
- Helio Fallas Venegas, ex primer Vicepresidente y exministro de Hacienda
- Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia
- Martha Cubillo Jiménez, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional
- Mauricio Arroyo Rivera, en su condición de Subtesorero Nacional.
El Ministerio Público indicó que presentó cargos contra Arroyo por influencia contra la Hacienda Pública y también por seis presuntos delitos de falsedad ideológica, en concurso material.
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