Hermes Solano
La Asamblea Legislativa completó este martes la votación de las 855 mociones presentadas al proyecto de ley sobre jornadas excepcionales, conocido como jornadas 4-3 y que se tramita bajo el expediente 21.182.
Eso sí, restan 62 mociones de revisión para completar el trámite y comenzar con la discusión por el fondo para votarlo en primer debate.
Es probable que esto se cumpla el miércoles en la sesión extraordinaria de las 9 a.m., por lo que se está en la recta final para definir un tema que ha creado polémica en los diputados y muchos sectores.
La discusión arrancó el 22 de mayo y acaparó casi la mayoría de las sesiones extraordinarias.
Este martes se rechazó la moción 824, el texto sustitutivo que pretendía establecer Liberación Nacional a la iniciativa y que buscaba establecer la jornada laboral con una disminución de manera gradual, para en siete años establecerla en 10 horas diarias y 40 semanales.
Sin embargo, tuvo 28 votos en contra.
Una vez se discuta la iniciativa por el fondo y se vote en primer debate, se enviará a consulta a la Sala Constitucional.
Ya el Frente Amplio tiene listo el documento y hay firmas de sobra para hacer el trámite, lo que se llevaría más de un mes para la resolución de los magistrados, antes de que regrese al Congreso.
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Curules diputados PLN. Cortesía Asamblea Legislativa.
Dos aprobadas
Dos de las mociones votadas este martes, se aprobaron dos; la 841 y la 852.
La primera elimina una adición del artículo 145 Ter del Código de Trabajo para regular la jornada excepcional anualizada, que lo que hace es eliminar esa jornada en el sector turismo.
Esa moción fue presentada por el PLN y firmada por varios diputados.
Mientras tanto, la 852, de la socialcristiana María Marta Carballo, adiciona un nuevo artículo 4 al proyecto de ley para que la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, del Ministerio de Trabajo se encargue de la fiscalización y cumplimiento de la normativa.
Además, obliga al Ministerio de Hacienda a garantizar el traslado de los recursos a esa Dirección.
En caso de no hacerlo, el jerarca o funcionario de Hacienda incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública.
