Tomás Gómez
Levantada la suspensión cautelar de 6 meses por el Caso Diamante, el alcalde de San José, Johnny Araya, en teoría debería pasar 30 días más fuera del cargo sin goce salarial.
La medida responde a un proceso que aplicó la Contraloría General de la República por pagos cuestionados a una empresa que gestionó los parquímetros de la capital años atrás.
En el mismo expediente habían sido sancionados el vicealcalde y varios regidores; pero en el caso de Araya la ejecución quedó frenada al existir otro proceso judicial.
Para ello, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que se encarga de aplicar este tipo de sanciones, ordenó a la Municipalidad notificar cuando se reincorporara Araya. El aviso se envió el viernes anterior; pero a la vez el alcalde pidió una consideración a su caso, alegando que las disposiciones asociadas a Diamante aún son sujetas de revisión.
“El 27 de mayo el Gobierno Local comunicó al Tribunal que se había reincorporado don Johnny en virtud de un cambio de medida cautelar en el proceso judicial en que él es parte”, explicó Andrei Cambronero, del TSE.
“Ese mismo día además entró una solicitud de don Johnny donde señala que este cambio de medida no es aún firme. Entonces pide al Tribunal valorar que la aplicación de las sanciones que ordenó la Contraloría General de la República no se de hasta que haya claridad sobre ese recurso de apelación”, agregó.
El vocero agregó que al menos desde el TSE ambos documentos están siendo analizados.
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Araya, por su parte, alegó que la petición se debe a que fue la Fiscalía quien apeló la resolución que le permitió volver a su despacho.
“La medida cautelar que me reinstala fue apelada por la Fiscalía entonces esa es una reinstalación que no está en firme. No está en firme la decisión del juez de eliminar la medida cautelar de separación del puesto”, indicó.
“El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá que tener presente que no está en firme la reinstalación y si esa sanción se aplica de inmediato o se aplicará de una vez que la eliminación de la medida cautelar esté en firme. Me parece a mí que es lo lógico pero será una decisión que tomará el Tribunal”, puntualizó.
El liberacionista retomó la idea de llevar la suspensión al Tribunal Contencioso Administrativo. El proceso estaría presentándose este mismo mes de junio.
Los parquímetros de la discordia
En el 2018 la Municipalidad de San José pagó la millonaria indemnización a la empresa española Setex Aparki por ¢253 millones. Pero, según la Contraloría, el alcalde actuó “de manera negligente e imprudente” al permitir dicho pago.
La firma adujo que esperaba una ocupación de entre el 60% y el 70% en su servicio. Sin embargo, luego se actualizó al 13%. Ante ello la empresa exigió la indemnización por un supuesto desbalance en sus finanzas, medida que según la Contraloría carecía de fundamento técnico y legal.
También se investigaron las razones por las que el municipio incrementó la comisión que recibía la española por cada hora de parqueo pagada y un 5% por las multas. Esto pese a que se advirtió que hacer esto podría ser ruinoso para el municipio.
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El proceso fue elevado al ente contralor por el regidor Diego Miranda, de la Coalición Juntos.
Para él, “la contestación de Araya únicamente busca zafarse de dicha sanción”.
“Si el señor Araya se encuentra en funciones, lo lógico es que se apliquen los días que corresponden a la suspensión del cargo. En caso de darse un fallo positivo del juez sobre la apelación presentada por la fiscalía para las medidas cautelares de Diamante, el TSE puede cortar la suspensión y volver a retomar en caso de que volviera a sus funciones de forma permanente”, afirmó.
Estrategia fallida de Araya
En marzo anterior El Observador había dado a conocer que Araya indicó originalmente al TSE que estaba purgando la suspensión del Caso Diamante y la sanción de la Contraloría al mismo tiempo.
Los magistrados rechazaron de plano esa posibilidad. “No podía ejecutar de manera simultánea una suspensión administrativa de la suspensión como medida cautelar, ordenada en sede judicial”, explicó Cambronero al respecto.
En esa línea fue que el TSE hizo la petición de ser notificado de la reincorporación de Araya. La idea era ejecutar la medida que ahora se pide postergar.
