Josué Alvarado
El alcalde de San José, Johnny Araya, deberá cumplir una segunda suspensión de su cargo cuando regrese a la municipalidad. Esto porque actualmente está inhabilitado por seis meses mientras se le investiga como sospechoso en el caso de supuesta corrupción conocido como Diamante.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) resolvió el pasado 18 de febrero que la Municipalidad de San José deberá informarle cuando Araya se reincorpore en mayo del 2022 para determinar a partir de cuándo aplicará la segunda suspensión, en este caso por 30 días, sin goce salarial.
Esta sanción contra Araya fue interpuesta por la Contraloría General de la República el año pasado. La razón fue que se le encontró culpable de pagar a una empresa española llamada Setex Aparqui una indemnización “sin fundamento técnico” en el 2018. El monto ascendió a los ¢253 millones y el contrato entre ambas partes estaba relacionado a la administración de los parquímetros de la capital.
Araya dijo a este medio que recurrirá al Tribunal Contencioso Administrativo para demostrar que no es culpable y así evitar que se le interponga dicha sanción.
Por este mismo caso también serán sancionados el vicealcalde Mari Vargas y varios exregidores y funcionarios del municipio josefino.
Araya dijo al TSE que ya estaba descontando la sanción
Según el TSE en medio del caso de los parquímetros el alcalde de San José les dijo que ya estaba suspendido, cumpliendo el castigo de la Contraloría. Sin embargo, el tribunal constató que no era así, que actualmente cumple una medida cautelar interpuesta por el Juzgado de Hacienda por el caso Diamante.
“Existe una imposibilidad material de ejecutar, en este momento, la sanción dispuesta por el órgano contralor; no es dable disponer que un funcionario, de manera simultánea, descuente una sanción y una medida cautelar (caso Diamante) que tiene el mismo efecto (la cesación de pago) y que han sido ordenadas por autoridades diversas y de distinta naturaleza”, señala la resolución del pasado 18 de febrero.
Consultado al respecto, el alcalde dijo que “esa sanción tendrá que cumplirse, pero quiero decir que voy a recurrir al tribunal contencioso”.
“Fue incorrecta esa sanción. Tenemos argumentos razonamientos de mucho peso (…) Son noticias que no ayudan a proteger una imagen que yo he venido protegiendo a lo largo de los años, una trayectoria de 30 años”, señaló Araya, quien dijo ser víctima de una ideología que pretende perseguir y afectar a los funcionarios municipales.
Tres de los regidores involucrados dijeron que iban a acoger la suspensión del cargo, aunque no estaban de acuerdo con la resolución de la ente contralor.
Millonaria indemnización
El regidor de la Municipalidad de San José Diego Miranda fue quien llevó el caso a la contraloría. Ahora dice que valora llevarlo también a la vía judicial debido a que “aún quedan muchos asuntos pendientes”.
En el 2018 la Municipalidad de San José pagó la millonaria indemnización a la empresa española por ¢253 millones. Pero según la Contraloría el alcalde actuó “de manera negligente e imprudente” al permitir dicho pago.
Según Setex Aparki en el cartel de licitación se estimó que los parquímetros que iba a administrar llegarían a un grado de ocupación entre el 60% y el 70%, sin embargo, luego se actualizó al 13%. La empresa decía que esto generaba un desbalance en sus finanzas y pidió la indemnización, pero el ente contralor señaló que no hubo fundamento técnico ni legal al aprobarla.
También se investigaron las razones por las que el municipio incrementó la comisión que recibía la española por cada hora de parqueo pagada y un 5% por las multas, cuando se había advertido que hacer esto podría ser ruinoso para el municipio.
“El alcalde tiene todo el derecho de recurrir al contencioso pero perderá su tiempo porque la sanción de la contraloría es muy clara, muy contundente”, dijo Miranda a El Observador.
La medida cautelar contra Johnny Araya por el caso Diamante finaliza el próximo 19 de mayo, cuando se cumplen los seis meses impuestos por el Juzgado de Hacienda.
