Tomás Gómez
Con el voto de 43 diputados, el plenario legislativo aprobó este lunes en primer debate el proyecto que impone responsabilidad penal a las empresas que paguen sobornos a nivel nacional e internacional.
Dado que las personas jurídicas no pueden recibir condenas de cárcel, los castigos se han fijado en términos económicos.
En caso de convertirse en ley, esta iniciativa permitirá imponerle a las empresas multas de hasta 10 mil salarios base en aquellos casos en que se entreguen dádivas a algún funcionario público para que este ejecute labores ajenas a su cargo o, por el contrario, deje de ejercer alguna de sus responsabilidades.
Si se toma en cuenta que un salario base equivale a ¢445 mil, una empresa podría ser multada con sanciones de hasta ¢4.450 millones.
El proyecto se discutió bajo el expediente 21.248 y también introduce nuevas sanciones para las empresas como la suspensión de actividades o la clausura de negocios hasta por 5 años, así como la pérdida de subsidios estatales por entre 3 y 10 años.
El plan de ley contó con apoyo de las bancadas del PLN, PAC, Restauración Nacional, PUSC y el bloque de diputados afines a Fabricio Alvarado y fue iniciativa del Poder Ejecutivo como marco de los esfuerzos del Estado para la entrada de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Es importante que los diputados apoyen este proyecto puesto que nos pone a Costa Rica como país en un plano de igual a otros países que son miembros de la OCDE y que dan responsabilidad penal a las personas jurídicas y nos pone en los más altos estándares en esta materia”, indicó previo a la votación la Ministra de Comercio Exterior Dyalá Jiménez, quien a su vez lidera el proceso de incorporación del país a la OCDE.
Nuevas sanciones
Además de las sanciones económicas, el proyecto también estaría introduciendo anotaciones para registrar de manera pública los procesos que pesan contra las empresas.
Los jueces podrán también inmovilizar las empresas señaladas, decomisar sus bienes y depositar sus bienes.
Finalmente, la ley introduce modificaciones al Código Penal, la Ley de Asociaciones y la Ley Contra la Corrupción, de manera que modifica las penas y sanciones para los delitos tipificados como cohecho, corrupción agravada y aceptación de dádivas.
“Esta es una reforma trascendental porque este proyecto de ley permite por primera vez en nuestro país que se puede sancionar penalmente a las personas jurídicas”, destacó el frenteamplista José María Villalta, uno de los principales defensores del plan que calificó como una “revolución jurídica”.
Gustavo Viales, del PLN, defendió que la nueva ley generaría mejores prácticas normativas en el país, y la independiente Ivonne dijo que el plan introduce “un cambio de paradigma jurídico para transicionar a un modelo donde se puede sancionar a las personerías jurídicas”.
Críticas y dudas
En medio del debate, el diputado socialcristiano Pedro Muñoz ejerció una oposición solitaria al mismo, indicando que el proyecto amenaza el Estado de Derecho.
Consultado por El Observador, Muñoz criticó que el proyecto “permite juzgar en ausencia a las compañías, no hay claridad en la carga de la prueba en relación con el decomiso y no queda claro el nivel de escrutinio que tiene que haber”.
El Observador consultó también al abogado penalista Cristian Arguedas quien señaló falencias del proyecto en dos vías.
Según él, las medidas habilitadas por esta ley pueden ser politizadas. “Esto podría ser un instrumento del poderoso, muy peligroso para aplicar agendas políticas y aplicársela a empresarios que están en contra del gobierno”, indicó. “Este tipo de cosas son muy peligrosas”, insistió.
Para el jurista, la duración de los procesos judiciales también puede potenciar los elementos criticados, pues la implementación de una medida cautelar podría extenderse en el tiempo. “Se puede congelar una empresa por años y cuando termine el proceso penal todo mundo sale absuelto y lo que queda es un cadáver de empresa”, advirtió.
