Hermes Solano
Con el voto de los 43 diputados presentes en el Plenario, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 23.800 denominado “Ley de Opciones y Naturalizaciones”.
La iniciativa le quita la nacionalidad costarricense a las personas naturalizadas que formen parte de la delincuencia organizada o que reciba una condena por delitos dolosos.
La propuesta la presentó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, en conjunto con el liberacionista Danny Vargas y reforma los artículos 15 y 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones.
Esto se le agregaría al artículo 15 donde se detalla a quién no se le otorgará la naturalización:
“A la persona que haya sido condenada por delito doloso, con pena privativa de prisión superior a tres años en los últimos diez años, en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable”
Por su parte, así quedaría el artículo 18 de la ley:
“Artículo 18- Es nula, de pleno derecho, la naturalización que fraudulentamente haya obtenido un extranjero con violación de los requisitos que dispone esta ley. En consecuencia, en cualquier momento en que se compruebe que al solicitar u obtener la carta, el individuo naturalizado suministró algún dato falso o fue condenado antes por un delito de los que señalan los incisos 2) y 3) del artículo 15 de esta ley o que el objeto de su naturalización fuera el de propagar doctrinas o medios totalitarios, contrarios al sistema democrático, el Registro Civil, mediante información que se levante ante sus oficios, a instancia de la Procuraduría y con audiencia del interesado, procederá a anular la carta de naturalización, si resultara comprobado el cargo…”.
“Igual procedimiento se seguirá cuando se compruebe que un extranjero naturalizado hubiera sido condenado con sentencia firme por tráfico de droga o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el extranjero”.
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Curules diputados PLN. Cortesía Asamblea Legislativa.
Más aprobaciones
La sesión de este miércoles en la Asamblea estaba dedicada a avanzar en proyectos de seguridad.
Se aprobó también en primer debate el expediente 23.806 para fortalecer los Tribunales de Flagrancia. Tuvo el apoyo unánime de los 42 legisladores presentes a la hora de la votación.
Esta propuesta busca cerrar los portillos que permiten que los delincuentes arrestados en el acto pasen a los juzgados ordinarios, donde el tiempo para una sentencia puede tardar años.
En la actualidad, cuando un caso en los Tribunales de Flagrancia necesita más de 15 días de investigación pasa a los juzgados ordinarios. Esa situación impide que el delincuente reciba una sentencia en el corto plazo.
Con las modificaciones realizadas los casos de flagrancia pueden ampliarse.
“‘Los costarricenses están hastiados de los portillos que eviten que un delincuente, que agarran con las manos en la masa, no enfrente la justicia con prontitud”, dijo el proponente del proyecto, el socialcristiano Leslye Bojorges.
Se aprobó también en primer debate el expediente 23.999 “Protección de datos sensibles de víctimas y testigos”.
La iniciativa pretende que el programa de protección de víctimas y testigos se excluya del Sistema de Contratación Pública del Estado (Sicop), con la intención de evitar que la criminalidad haga mella en el asunto.
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