Hermes Solano
La discusión por el aumento salarial para los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado el 8 de setiembre en sesión de junta directiva, recobró notoriedad este miércoles debido a que la Presidencia ejecutiva de la CCSS solicitó una investigación sobre el actuar de cuatro directivos.
El alza salarial promedio de ¢7.500 colones para alrededor de 62.000 funcionarios costaría ¢10.000 millones por año, por los próximos 10 años, hasta el 2031.
Además, hay un monto de ¢8.000 millones de anualidad que se pagarían adicionales cada 12 meses.
Así se desprende del acta de la sesión 9277 de junta directiva del 8 de setiembre anterior, en el que se detalla toda una presentación respecto al impacto económico que representa esa alza en las remuneraciones.
Sin embargo, existen algunos contrastes en la información que se detalla en el acta de la sesión, que es pública, pues en uno de los cuadros de la presentación se habla del impacto en las remuneraciones con los ajustes salariales.
El aumento aprobado, que le costó el puesto como presidente ejecutivo a Álvaro Ramos, fue el que se acordó a través de un decreto ejecutivo en 2019, pero que se congeló en 2020 dada la pandemia por el covid-19.
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Este es el cuadro presentado en la sesión de junta directiva del 8 de setiembre sobre el impacto en las remuneraciones con el ajuste salarial.
Capacidad de asumir
Los miembros de junta directiva, según la presentación realizada, determinaron que la institución tiene la capacidad financiera para asumir el aumento.
Sobre la anualidad, determinaron que debe ser el Ministerio de Planificación (Mideplan) el que determine si se paga o no a partir del próximo año.
“La CCSS tiene la capacidad financiera de asumir el aumento salarial del 2020 y en cuanto a las anualidades quedará supeditado al criterio que me tomé Mideplan sobre la pertinencia del reconocimiento para el período 2023”, indicaron.
Esto se determinó de acuerdo con el Modelo de Proyecciones Financieras de la Gerencia Financiera de la Caja para el período 2022-2031.
Ese modelo señaló que existe la capacidad para sostener en el tiempo el aumento salarial, aunque debe complementarse con un seguimiento y monitoreo de la situación financiera del régimen.
El 68% de los gastos que tiene la CCSS son para el pago de las remuneraciones de sus funcionarios a nivel nacional.
Parte de la decisión de aprobar el aumento se debió a que los números actuales en la Caja están al alza después del pico de la pandemia.
Algunos datos señalados en el acta de la sesión 9277 indican que el número de cotizantes creció más de 130.000, una vez se normalizó la situación acaecida por el covid-19.
Además, un dato importante es que la facturación mensual de la Caja pasó de 136.000 millones durante la pandemia, a 181.000 millones en la actualidad.
Rodrigo Chaves y Martha Esquivel señalaron el inicio de investigaciones sobre varios miembros de la junta directiva de la Caja. (Cortesía Casa Presidencial)
Polémica e investigaciones
Tras la aprobación del aumento salarial en setiembre, el presidente Rodrigo Chaves pidió explicaciones y destituyó a Ramos.
El Mideplan confirmó la suspensión del alza salarial y se pidió criterio a la Contraloría General de la República.
El miércoles, la presidenta ejecutiva, Martha Esquivel, indicó que se solicitó una investigación a la auditoría de la CCSS respecto al posible conflicto de intereses en el voto de cuatro miembros de la junta directiva.
Esto porque, al parecer, dichos directivos tienen familiares directos: hijos y hermanos, trabajando en la Caja y se verán beneficiados con el aumento aprobado.
“Se está remitiendo para que se haga una investigación y con los efectos que esto podría generar, porque se podría cuestionar la legalidad del acuerdo que se tomó”, indicó Esquivel.
Por su parte, el mandatario señaló además que ya hay una denuncia ante la Procuraduría de la Ética y el Consejo de Gobierno -encargado de nombrar a los miembros de juntas directivas- y en caso de encontrar irregularidades actuarán con toda la fuerza que la ley les permite.
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