Josué Alvarado
Han transcurrido seis semanas desde el 8 de setiembre, cuando la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó el descongelamiento de un aumento salarial para 62.000 empleados de la institución acordado en el 2020.
Sin embargo, y a pesar las celebraciones sindicales, este sigue sin reflejarse en la planilla de los trabajadores.
Poco se puede saber sobre las negociaciones de la Junta Directiva, tanto la presidida por Álvaro Ramos como por su sustituta Marta Esquivel, pues las actas de las sesiones comprendidas desde el 8 de setiembre no son públicas.
Ante la solicitud expresa de este medio tampoco la institución ha accedido a dar conocer sus actas.
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Envío a la Contraloría
El directivo de la institución Adrián Torrealba dijo que el próximo jueves 27 de octubre se podría discutir y votar la moción para preguntarle a la Contraloría General de la República (CGR) si la CCSS debe cumplir los parámetros de la regla fiscal en materia de salarios.
Sin embargo, esta moción promovida por el Poder Ejecutivo se ha trasladado de fecha una y otra vez desde setiembre, cuando en medio de esta polémica Chaves destituyó a Álvaro Ramos.
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“El acuerdo no ha sido derogado ni nada, en derecho existe. Aquí es un tema de ejecución del presupuesto. Está la duda y ha sido un tema que ha planteado explícitamente la nueva presidenta de la Junta Directiva de si la caja está, en materia de salarios, sujeta a la regla fiscal.
“Ella incluso presentó un documento muy fundamentado de por qué considera que sí lo está. Es con base en eso que quedó pendiente de aprobar el envío de una consulta a la contraloría”, comentó Torrealba a El Observador.
El directivo dijo que según sea la respuesta del ente contralor “habría que ver qué se hace para reprogramar” el aumento aprobado que fue aprobado en el 2019, pero que había quedado congelado en medio de la pandemia a inicios del 2020, según Torrealba.
Mideplan confirma suspensión
El Ministerio de Planificación (Mideplan) confirmó que dicho aumento está suspendido pero por otra razón.
Dice que es posible mediante un decreto presidencial publicado el 12 de octubre anterior, que suspende el del año 2019.
Mideplan señaló que el alza de aproximadamente ¢7.500 mensual está suspendido por respeto a la regla fiscal. De esta forma, este ministerio deja entrever su criterio en la misma línea del presidente Chaves y la presidenta de la CCSS Marta Esquivel; pero contrario al de Hacienda.
Por su parte, el jerarca de Mideplan a.i., Marlon Mora, dijo que “el congelamiento de los salarios para el sector público se mantendrá hasta que la relación deuda/PIB no baje del 60%, situación que impide a corto plazo hacer efectivo el aumento en los salarios del sector público y las pensiones con cargo al presupuesto”.
Sin embargo, el sector sindical del país cuestiona el alcance de dicho decreto.
Primero, indica que la CCSS es una institución autónoma.
Segundo, que ya existe un acuerdo en firme, comunicado a los trabajadores de la CCSS, en el que se descongela el aumento que se les había aprobado.
La directiva representante del sector sindical Martha Rodríguez señaló que hay suficientes criterios legales y jurídicos sobre la aplicación de la regla fiscal en al CCSS.
Según el decreto firmado el 12 de octubre, esta decisión no generará “perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de las disposiciones derogadas”.
Señala que el pago de estos aumentos se estaría realizando a partir de 2024 de manera retroactiva, según lo dice el artículo 3 del decreto emitido.
Hacienda reconoce que CCSS no está sujeta a la regla fiscal
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció en un documento con fecha de setiembre que el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está sujeto a la regla fiscal.
El jerarca informó a la nueva presidenta de la Caja, Marta Esquivel, que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) únicamente afecta a esta institución en las regulaciones establecidas en el Título III, relacionado a incentivos salariales como exclusividad y prohibición.
Sin embargo, le aclara que no se le pueden aplicar las restricciones del Título IV, relacionado a los controles para limitar el crecimiento del gasto.
Acosta citó un informe del año 2019, firmado por la entonces ministra de Hacienda Rocío Aguilar, en el que se deja claro que el título IV de la Ley 9635 sobre la aplicación de la regla fiscal no interfiere en la administración de la CCSS.
