Hermes Solano
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó esta semana el expediente 22.937 que permitirá las intervenciones telefónicas o de cualquier tipo de comunicación en delitos sexuales contra menores de edad.
Esta iniciativa se presentó en marzo de 2022 por el entonces diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
Lo que propone el proyecto, que ahora pasará al Plenario, es una reforma al artículo 9 de la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las telecomunicaciones.
De aprobarse la legislación, las autoridades judiciales, tanto Organismo de Investigación Judicial, como el Ministerio Público, tendrán la posibilidad de intervenir comunicaciones en investigaciones de una amplia serie de delitos.
“Los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales”, dice el artículo.
Esos delitos son: secuestro extorsivo, proxenetismo agravado, corrupción agravada; fabricación, producción o reproducción de pornografía, tenencia de material pornográfico, difusión de pornografía; trata de personas, tráfico de personas menores de edad, tráfico de menores para adopción, tráfico ilícito de personas; homicidio calificado; genocidio y terrorismo.
Además, se incluyen los delitos previstos en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, N.º 8204, de 26 de diciembre del 2001, y sus reformas.
Amplía la lista
Este proyecto, que avanzó en la corriente legislativa y tuvo el apoyo de la comisión de Seguridad, amplía la lista de los delitos de cohecho impropio, cohecho propio, corrupción agravada, aceptación de dádivas por un acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, y negociaciones incompatibles en su numeración taxativa actual.
De esta manera se cierran “portillos a la impunidad en cosas de corrupción y enriquecimiento ilícito”.
La iniciativa incluye en la reforma al artículo 9 una condición que debe ser aplicada en todos los casos.
“La intervención solo podrá autorizarse si existen indicios suficientes de que se lleva a cabo una actividad delictiva”, dice el proyecto.
