Hermes Solano
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en segundo debate el expediente 23.330, que reforma la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y excluye de la aplicación de la regla fiscal a muchas instituciones del Estado, que no reciben fondos del presupuesto nacional.
La iniciativa la presentó el Poder Ejecutivo y sobre la marcha, la Comisión de Hacendarios le realizó cambios.
Finalmente, con el voto de 41 diputados y la contra de de tres del Liberal Progresista, se aprobó la iniciativa, que saca de la regla a instituciones como el ICE, Recope, la Junta de Protección Social, Bomberos y muchas más.
“De esta manera estamos impidiendo que se sigan presentando parches a la ley y que la misma siga siendo aplicable, pero no sea una camisa de fuerza que frene la inversión y ejecución de algunos recursos que son necesarios”, mencionó la verdiblanca Paulina Ramírez.
Aunque en el proyecto original se pedía que salieran de la regla los intereses y los gastos de capital, los diputados no estuvieron de acuerdo, porque influyen directamente en el déficit fiscal del país.
“No se aceptó excluir de la regla fiscal los gastos de capital ni los intereses porque afectaban directamente el déficit fiscal. Sí se autorizó algunas entidades que no afectan directamente el déficit”, precisó Ramírez.
La discusión antes de votarlo fue extensa; participaron una gran cantidad de legisladores, todos ellos de acuerdo, salvo Eli Feinzaig, con la iniciativa.
“El hecho de que votemos en contra, quiero dejarlo en claro, no quiere decir que estemos en contra de todo lo que contiene el proyecto de ley. Alguna parte de las mejoras fueron propuestas en mociones de este diputado”, dijo el del PLP.
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Las excluidas
La lista de instituciones y operaciones financieras que quedan excluidas de la regla fiscal es amplia, pero en términos generales estas son las que se liberan:
- Las donaciones que reciban los entes u órganos del Sector Público no financiero.
“El uso de estos recursos no podrá derivar en compromisos de carácter fijo para la entidad receptora de la cooperación, ni tampoco podrá destinarse para la contratación de personal permanente y el pago de sus salarios, excepto en los proyectos de inversión que requieran contratar personal temporal por servicios especiales”
- Pagos al “Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría” y “Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”.
- Los gastos e inversiones asignados a los cuerpos policiales del estado y de investigación judicial.
- Los Entes Públicos no Estatales y sus subsidiarias
- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)
- Otras entidades de Gobiernos Locales, según el Clasificador Institucional del Sector Público vigente.
- La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
- La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), en lo relativo a los recursos propios provenientes de los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones
- Las empresas públicas no financieras, sólo en lo que refiere al gasto correspondiente a su giro normal de negocios y las transferencias que por ley deban girar a favor de proyectos y programas sociales, financiado con ingresos propios provenientes de la actividad comercial o empresarial que realicen.
Para todas estas instituciones no se excluirá de la regla “las situaciones o rubros que sean cubiertos mediante transferencias provenientes del presupuesto nacional”.
(Archivo/El Observador)
Normas definidas
Todas las instituciones que estarán excluidas de la regla deben cumplir con ciertas normas que se establecieron para que mantengan un límite de gasto.
Así lo explicó la verdiblanca Ramírez, quien es la presidenta de la Comisión de Hacendarios.
“A todas las instituciones que se les está eximiendo de la regla fiscal se les están estableciendo sus propias normas como estados financieros claros, tope de deuda de hasta 50% en relación pasivos-activos y que tengan solvencia y liquidez por lo que deberán estarán siendo supervisadas por el Ministerio de Hacienda”, dijo la legisladora.
Tras la aprobación, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para la firma del presidente Rodrigo Chaves.
