Tomás Gómez
Las operaciones judiciales por las eventuales irregularidades en la organización no gubernamental “Manos Abiertas” continúan por segundo día consecutivo este miércoles y ya hay más información sobre el material localizado en los allanamientos.
Según detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entre el decomiso han enlistado:
- Varios dispositivos electrónicos. Incluye celulares, computadoras, llaves mayas, tabletas, tarjetas de almacenamiento, grabadores, discos duros.
- Documentación de interés
- 133 señales de Tránsito que se trasladaron al MOPT
- Dinero en efectivo: ¢171,657,000 millones y $7981
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, confirmó que las diligencias se mantienen activas.
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Cabe recordar que como parte de las operaciones quedaron detenidas 4 mujeres:
- Rodríguez de 54 años
- Villalobos de 44 años
- Quirós de 39 años
- Hidalgo de 52 años
De acuerdo con la investigación, estas cuatro personas dirigían la ONG en los cargos de presidencia, vicepresidencia y secretaría.
Un hombre de apellidos Granados, de 52 años, quien laboraba como administrador, según el OIJ.
La falsa solidaridad
Las investigaciones sobre la fundación tomaron auge a medidados del 2023, cuando se empezó a analizar el manejo que se hacía de las transferencias del sector público.
El trabajo conllevó a la intervención del martes en sedes de la ONG, ubicadas en Desamparados de Alajuela y La Unión de Cartago.
La organización tutelaba a unos 70 menores con enfermedades crónicas, terminales y con cuidados paliativos.
Según fiscal Anticorrupción, Natalia Villalta, explicó el modus operandi de esta fundación: “Se hacían pasar por monjas para utilizar una mampara y así obtener más ganancias y fondos para su peculio”.
Como parte de la profundización se mapearon eventuales faltas como:
- Trata de personas con fines de explotación laboral
- Ejercicio ilegal de la profesión
- Malversación de fondos
- Peculado
- Enriquecimiento ilícito
- Tortura
“Durante el proceso de investigación se pudo constatar que en esta fundación los encargados realizaban en apariencia varios delitos como explotación laboral. Esto debido a que sus colaboradores tenían un exceso de funciones y no recibían el dinero por concepto de salario”, plantearon las autoridades.
“También hacían informes con datos erróneos, realizaban malversación de fondos en la compra de bienes y viajes al exterior y brindaban daño psicológicos a los trabajadores así como a los pacientes”, apuntó el OIJ.
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Participación experta para atender niños
La naturaleza de la ONG motivó a que varios entes se sumaran a los operativos de estos días.
Llegó, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), encabezado por su presidenta, Kennly Garza.
La jerarca informó que asume la atención de los cerca de 70 menores con un equipo de 60 trabajadores. Además, esta población fue remitida al Hospital de Niños para conocer su estado de salud.
Entre ellos están:
- Cinco niños y niñas de meses de edad
- 28 entre 1 y 6 años
- 25 entre los 7 y 11 años
- 12 entre los 12 y 18 años.
El PANI agregó que el año pasado un colegio profesional presentó la denuncia por el ejercicio ilegal de la profesión dentro de la ONG.
La semana pasada, esta entidad inició una investigación preliminar y ordenó la suspensión del giro de recursos como una medida cautelar.
