Tomás Gómez
Trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio Ilegal de la profesión, malversación de fondos, peculado y enriquecimiento ilícito. Ese el menú de posibles delitos que las autoridades judiciales identificaron en una organización que se financiaba, en parte, con recursos públicos, y que fue intervenida este martes.
De acuerdo con el informe preliminar, la investigación inició a mediados del 2023. En ese momento se recibió una solicitud por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la cual se remitió una lista de requerimientos a fin de poder establecer la existencia de una posible malversación de fondos públicos por parte de una fundación que recibía recursos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y otras instituciones de Estado.
Luego de varias investigaciones y diligencias policiales, agentes destacados en la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a cuatro mujeres de 54, 52, 44 y 39 años de edad, además de a un hombre de 52 años.
La Fiscal Anticorrupción, Natalia Villalta, explicó los engaños detectados en su forma de operar. “Se hacían pasar por monjas para utilizar una mampara y así obtener más ganancias y fondos para su peculio”, indicó.
“Durante el proceso de investigación, se pudo constatar que en esta fundación, los encargados realizaban en apariencia varios delitos como Explotación Laboral debido a que sus colaboradores tenían un exceso de funciones y no recibían el dinero por concepto de salario; hacían informes con datos erróneos; realizaban malversación de fondos en la compra de bienes y viajes al exterior; y brindaban daño psicológicos a los trabajadores, así como a los pacientes”, sumó el OIJ.
Como parte de la intervención, a las 6:00 de la mañana de este martes arrancaron los allanamientos en las instalaciones de esta ONG ubicadas en Desamparados de Alajuela y La Unión de Cartago. Además de las detenciones, se pretende realizar el registro y secuestro de evidencia importante para la investigación.
El OIJ agregó que en la gestión también participan médicos forenses para verificar el estado de salud de los pacientes.
Una vez terminadas las pesquisas, los detenidos serán presentados con un informe ante el Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.
Atención de pacientes
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que se trata de una Organización No Gubernamental (ONG) que atendía a cerca de 70 menores con enfermedades crónicas, terminales y con cuidados paliativos.
La institución del Estado informó que asume la atención de estas personas con un equipo de 60 trabajadores. Además, los menores fueron remitidos al Hospital de Niños para conocer su estado de salud, incluyendo a 5 niños y niñas de meses de edad, 28 entre 1 y 6 años, 25 entre los 7 y 11 años y 12 entre los 12 y 18 años.
El PANI informó que el año pasado un colegio profesional presentó la denuncia por el ejercicio ilegal de la profesión. La semana pasada, el Patronato inició una investigación preliminar y ordenó la suspensión del giro de recursos como una medida cautelar.
El lunes, se presentó la denuncia ante la fiscalía.
La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, defendió que “estas acciones son resultado de la prioridad dada, desde agosto del 2023, a la supervisión técnica y financiera que se realiza a las Organizaciones No Gubernamentales”.
